La implementación de la inteligencia artificial en los servicios públicos no está optimizando la maquinaria estatal, sino que está generando un aumento desproporcionado en la carga administrativa. Según un análisis de la columna de Gaby Hinsliff en The Guardian, la adopción de herramientas como ChatGPT ha provocado un incremento significativo en las solicitudes, quejas y respuestas a organismos regulatorios. En el Reino Unido, los tribunales de empleo han registrado un aumento del 39% en las demandas presentadas, impulsado por la capacidad de los demandantes para redactar sus casos con IA, lo que ha saturado a los magistrados y jueces.
Además, los asesores de Whitehall denuncian una inundación de solicitudes de libertad de información generadas por IA, así como una avalancha de cartas en las oficinas de los parlamentarios. Este fenómeno, conocido como 'slop', dificulta el trabajo humano y convierte consultas públicas en ineficaces. La situación se agrava en el sector privado, donde las empresas que utilizan IA para filtrar candidaturas enfrentan una respuesta automatizada de los solicitantes, dificultando la selección. El artículo advierte que la IA, al igual que el correo electrónico, puede crear cuellos de botella si no se gestionan las fricciones adecuadas, sugiriendo que la velocidad y la facilidad no siempre equivalen a la conveniencia en el contexto de la interacción humana.