El Tribunal Supremo ha suspendido cautelarmente los efectos electorales de las inscripciones en el CERA realizadas mediante la presunción de la 'ley de nietos', una medida que afecta a 163.020 ciudadanos y complica el censo para las elecciones del 29-N. Esta decisión, adoptada con cinco votos a uno, se justifica por el riesgo de alterar la objetividad del voto exterior, cuyo censo ha crecido del 2,3 millones a 2,7 millones de electores en un año. El conflicto legal surge de una instrucción del Ministerio de Justicia que presume el exilio a quienes salieron de España entre 1936 y 1955, una presunción que Vox e Iustitia Europa consideran ilegal al ampliar la ley. Aunque el Gobierno y la Fiscalía pidieron levantar la suspensión por la imposibilidad de revisar expedientes antes del 29-N, el tribunal la mantuvo, argumentando que la Administración no ha iniciado el desglose requerido. La medida no anula la nacionalidad ni la ley, pero impide el voto de quienes no prueben su exilio. Analistas señalan que, aunque el impacto es menor en el nivel nacional, podría decidir escaños locales, como en Murtas (Granada), donde el 76% de los votantes del 29-N vive en el extranjero. El Constitucional será el último tribunal que decida si la instrucción es legal, mientras los afectados tienen cinco días para personarse en la causa.
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