El Tribunal Supremo ha suspendido cautelarmente los efectos electorales de la 'ley de nietos' (Ley 20/2022 de Memoria Democrática) en las próximas elecciones generales del 29 de noviembre. Esta medida judicial afecta directamente a miles de ciudadanos inscritos en el CERA, el censo de residentes en el extranjero, que no podrán ejercer su derecho al voto por la vía de la nacionalidad obtenida por descendencia de exiliados políticos.
La controversia gira en torno a una instrucción ministerial de 2022 que amplió el alcance de la ley, permitiendo a los hijos y nietos de españoles que abandonaron el país entre 1936 y 1955 solicitar la nacionalidad sin necesidad de probar la condición de exiliado, a diferencia de quienes cruzaron fronteras entre 1956 y 1978. Vox y Iustitia Europa argumentan que el Gobierno modificó la ley sin pasar por las Cortes, alegando que la instrucción tiene rango inferior al de la norma legal. El Tribunal Supremo, al suspender el voto, ha dejado en el limbo a estos votantes, mientras que el adelanto electoral de Pedro Sánchez añade presión al calendario judicial, que ahora debe pronunciarse en 48 horas.