El partido minoritario Iustitia Europa ha presentado un escrito de urgencia ante el Tribunal Supremo solicitando la suspensión de las elecciones generales del 29 de noviembre. La formación se apoya en las alegaciones de la Abogacía del Estado, que argumenta que el adelanto electoral hace "materialmente imposible" revisar los expedientes de nacionalizados por la ley de nietos, cuya revisión judicial está en curso. El partido exige que la votación se celebre bajo condiciones que garanticen la plena efectividad de la resolución judicial vigente, protegiendo así la integridad del proceso electoral.
En caso de que el tribunal considere la paralización desproporcionada, Iustitia Europa propone una medida subsidiaria: marcar informáticamente los 163.020 electores descendientes de exiliados en el censo cerrado a 1 de agosto de 2026. Esta medida garantizaría la trazabilidad de los votos de este colectivo, permitiendo "fiscalizar y depurar" su impacto en el escrutinio general si se estima la sentencia principal. La Abogacía del Estado reiteró que no es factible distinguir a estos ciudadanos de los demás en el breve plazo disponible, ya que los datos del CERA no permiten diferenciarlos. Los servicios jurídicos del Estado insisten en que, ante el riesgo de sacrificar un derecho fundamental, debe primar el ejercicio del derecho a participar, aunque la suspensión temporal preserva el resultado útil de la tutela cautelar.