La Oficina de Gestión y Presupuesto de Estados Unidos (OMB) publicó el 29 de mayo una propuesta de 412 páginas para revisar la asistencia financiera federal, que abriría la puerta a un control político directo sobre más de un billón de dólares en subvenciones distribuidas por 42 agencias, incluidas los Institutos Nacionales de Salud (NIH), la Fundación Nacional de Ciencia (NSF), la NASA y los departamentos de Educación y Vivienda. El cambio, que aún está abierto a comentarios públicos hasta el 13 de julio, obligaría a que todas las ayudas se alineen con las prioridades políticas del presidente e impide financiar cualquier investigación que mencione diversidad, equidad e inclusión o "ideología de género".
Científicos consultados —como Colette Delawalla, fundadora de Stand Up for Science; Jeremy Berg, exdirector del Instituto Nacional de Ciencias Médicas Generales; y Joanne Padrón Carney, de la Asociación Americana para el Avance de la Ciencia— advierten de que la transformación de las directrices actuales en una norma reguladora blindaría estas restricciones y haría casi imposible revertirlas sin un nuevo proceso de formulación normativa. La revisión por pares, que durante décadas ha decidido entre el 8 % y el 20 % de las solicitudes mejor puntuadas en los NIH, perdería peso frente a nombramientos políticos con capacidad de veto sobre cualquier beca.
Las consecuencias irían más allá de la academia: programas de salud mental, vivienda social o Head Start dependen también de estas partidas. Delawalla resume el impacto señalando que "todo el mundo se verá afectado, no solo los científicos; cada comunidad del país".