Los resultados de las elecciones intermedias de noviembre de 2026 han transformado el debate sobre los centros de datos en uno de los conflictos políticos más intensos de la década. Con los Demócratas asumiendo el control total del Congreso mientras los Republicanos permanecen en la Casa Blanca, el país se prepara para un gobierno profundamente dividido, donde la infraestructura de inteligencia artificial se ha convertido en una línea de fricción crítica. Según encuestas de salida de NBC, más de la mitad de los votantes cree que la IA causará más daños que beneficios, y casi el 80% se opone a la construcción de centros de datos en sus barrios, siendo este factor determinante en más del 60% de las decisiones electorales.
La oposición a la expansión de la infraestructura de IA ha cobrado fuerza en varios estados clave. En Ohio, donde OpenAI ha contemplado un proyecto de 500.000 millones de dólares respaldado por más de 100.000 millones de financiación de Nvidia, el sentimiento local ha sido hostil. De hecho, el condado donde Meta planeaba una instalación de 700.000 pies cuadrados aprobó una enmienda de carta que prohíbe los centros de datos. En Texas, Maine, Michigan, Nevada, Georgia y Carolina del Sur, los candidatos ganaron escaños al adoptar posturas contra la rápida construcción de estos centros. Aniketh Koneru, investigador de tecnología y política, señaló que "el dinero no compra resultados", destacando que crear un "villano local" es una estrategia efectiva para generar impulso en las campañas.
El conflicto no se limita a la política federal; las preocupaciones ambientales y comunitarias han escalado. Los centros de datos en Memphis, Tennessee, y en Virginia, conocida como la capital mundial de los centros de datos, utilizan turbinas de gas que generan contaminación y ruido, afectando a las comunidades vecinas. Además, la falta de transparencia y el uso de acuerdos de no divulgación (NDAs) por parte de las empresas tecnológicas han alimentado el descontento. Amazon, por ejemplo, construyó un centro de datos en Gilroy, California, sin que muchos residentes lo supieran, cumpliendo con leyes de zonificación antiguas. Esta opacidad, junto con los miles de millones en exenciones fiscales, ha generado la percepción de que las comunidades están subsidiando a las corporaciones tecnológicas más ricas a través de sus facturas de servicios públicos.
En el ámbito legislativo, el control demócrata del Congreso ofrece nuevas oportunidades para regular la industria. Senadores como Bernie Sanders y representantes como Alexandria Ocasio-Cortez presentaron proyectos de ley que proponen una moratoria nacional en la construcción de nuevos centros de datos hasta que se establezcan salvaguardas para evitar el aumento de los costos de electricidad y el daño ambiental. También se ha presentado el GRID Savings Act, que busca prevenir que los costos de la infraestructura de la red eléctrica se transfieran a las comunidades. Sin embargo, estos esfuerzos enfrentan el riesgo de un veto por parte de la administración republicana, lo que podría derivar en una lucha por órdenes ejecutivas para eludir las restricciones del Congreso.
La perspectiva de los analistas sugiere que la situación podría empeorar. Goldman Sachs predice retrasos en la construcción de centros de datos en estados como Georgia y Texas debido a los ganados demócratas. Nadine Smith, de la organización Color of Change, advierte que, aunque los demócratas prometieron hacer que "Big Tech pague", ahora deben asegurar que este compromiso se cumpla. Smith espera una batalla intensa, posiblemente con más órdenes ejecutivas, para sortear lo que el Congreso podría bloquear. Por su parte, Maia Woluchem, de Data & Society, señala que el problema va más allá de las instalaciones físicas; es una frustración con el poder tecnológico en general. La oposición es bipartidista, pero el momento actual favorece a los demócratas para imponer límites estatales y locales, como la moratoria estatal propuesta por la gobernadora electa de Texas, Gina Hinojosa. El desafío final será equilibrar la seguridad nacional y la innovación tecnológica con la justicia ambiental y la autonomía comunitaria.