Un reciente informe del monitor del mercado PJM —que cubre 14 estados del Atlántico medio y el Medio Oeste— concluyó que la demanda eléctrica prevista de los centros de datos fue la principal causa de 23.000 millones de dólares en subidas de tarifas a clientes que se prolongarán al menos hasta finales de 2028. El texto explica cómo se fijan los precios de la electricidad y por qué esos incrementos recen en los consumidores.
El mecanismo, en teoría, es sencillo: las comisiones reguladoras estatales identifican los costes de la compañía eléctrica, los reparten entre categorías de clientes (residencial, comercial e industrial) y diseñan tarifas que los recuperen. Cuando un centro de datos se conecta a una red diseñada para un vecindario, las inversiones en subestaciones o en nuevas fuentes de energía benefician a toda la red y, en la práctica, sus costes se reparten entre todos los usuarios.
El artículo advierte además de un vacío regulatorio: los centros de datos pueden modular su consumo al milisegundo y, como ya hicieron los mineros de criptomonedas en Texas, reducir su uso justo en los picos del sistema para evitar pagar los costes asignados por «demanda coincidente de pico». Mientras tanto, las grandes instalaciones presentan sus propias propuestas de reparto de costes ante los reguladores con equipos de expertos, y los consumidores residenciales suelen estar representados por oficinas de defensa del consumidor a las que, en muchos estados, la ley les impide pronunciarse sobre cómo se reparten los costes entre grupos, lo que deja sin voz a los hogares en este frente.