El auge de la inteligencia artificial en Estados Unidos dispara la construcción de centros de datos: más de 3.000 en funcionamiento y 1.500 en desarrollo, según Pew Research. Estos equipamientos, que consumen enormes cantidades de electricidad y agua, ya representaron en 2024 más del 4 % del consumo eléctrico nacional. Para atender esa demanda, las compañías eléctricas promueven la construcción de nuevas líneas de transmisión y, cuando los propietarios se niegan a vender las servidumbres, recurren a la expropiación forzosa, una potestad estatal prevista en la Quinta Enmienda para uso público con compensación justa.
Sin embargo, el 70 % de los estadounidenses se opone a la instalación de centros de datos cerca de sus viviendas, según Gallup, por el encarecimiento de la factura eléctrica, la contaminación, el ruido y la pérdida de zonas verdes. La oposición se extiende ahora también a las líneas de transmisión necesarias para alimentarlos, incluso en estados como Georgia y Pensilvania. La cuestión jurídica clave es si una infraestructura que beneficia sobre todo a un centro de datos privado puede considerarse de uso público. Tribunales estatales como los de Dakota del Sur y Vermont han avalado expropiaciones de eléctricas argumentando mejoras de fiabilidad de red, mientras que el Supremo de Misisipi rechazó en 1984 una línea que solo beneficiaba a Luisiana. Tras la sentencia federal Kelo de 2005, 45 estados aprobaron reformas para restringir esta práctica, lo que da a los propietarios nuevas vías de recurso.