La Agencia de Protección Ambiental (EPA) de Estados Unidos celebró el miércoles una audiencia pública sobre un cambio regulatorio que transferiría a los estados la decisión sobre cómo y cuándo informar a la ciudadanía durante el proceso de permisos de nuevas fuentes menores de contaminación atmosférica. La medida facilitaría la construcción de instalaciones como centrales de gas y generadores diésel que abastecen centros de datos, al reducir los requisitos federales de notificación y participación pública exigidos por la Ley de Aire Limpio.
La norma afectaría a los permisos para fuentes menores de contaminación, una categoría amplia que abarca desde tintorerías y talleres mecánicos hasta motores de gas y diésel. Empresas como xAI y Meta han utilizado este tipo de permisos para levantar plantas de gas detrás del contador eléctrico. Aunque la Ley de Aire Limpio exige algún nivel de participación pública, su aplicación varía según el estado: Georgia y Kentucky mantienen procesos más robustos, mientras que Texas —donde el boom de centros de datos ha disparado la construcción de plantas de gas— presenta niveles de exigencia más bajos que han sorprendido a comunidades enteras.
Grupos ambientalistas y abogados como Keri Powell, del Southern Environmental Law Center, sostienen que la relajación abre la puerta a que las comunidades conozcan los proyectos cuando ya están en marcha o incluso terminados. La EPA defiende que la propuesta, que no altera los estándares de emisión, situaría a las agencias estatales «más familiarizadas con los problemas locales» al frente del proceso. Críticos como Powell enmarcan el cambio dentro de un paquete más amplio de la administración Trump para eliminar obstáculos al despliegue de infraestructura de inteligencia artificial.