La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) celebra una audiencia pública sobre un cambio normativo que transferiría a los estados la potestad de decidir cómo participa la ciudadanía en los permisos de nuevas fuentes de contaminación atmosférica. La propuesta llega en un momento de creciente rechazo ciudadano a la expansión de los centros de datos y mientras operadores como xAI y Meta utilizan el proceso de permisos para fuentes menores —menos supervisado— para instalar plantas de gas y motores diésel detrás del contador que abastecen sus instalaciones.
La Ley de Aire Limpio obliga a las empresas que emiten contaminantes a obtener permisos, ya sea por la vía “mayor” (revisión federal y estatal con requisitos exhaustivos) o “menor” (más laxa, aplicable a fuentes como tintorerías o talleres, y también a motores de gas y diésel). La modificación permitiría a cada estado fijar las reglas de notificación y participación vecinal, lo que en la práctica podría dejar a comunidades enteras sin aviso previo sobre nuevas instalaciones contaminantes. Defensoras como Vanessa Lynch, organizadora de Moms Clean Air Force en Pensilvania, advierten en la audiencia que la ciudadanía quiere tener voz en estas decisiones. La decisión final de la EPA marcará el grado de influencia de los vecinos en la llegada de infraestructura energética asociada a la inteligencia artificial.