La primera ministra japonesa Sanae Takaichi logró una supermayoría aplastante en las elecciones de febrero de 2026 con un mensaje centrado en reactivar la economía, reforzar la defensa y, sobre todo, imponer un tope estricto a la inmigración, una línea bautizada como 'Sakoku 2.0'.
La política choca con un problema demográfico acuciante: Japón necesitará cubrir un déficit de 11 millones de trabajadores en 2040. El Ejecutivo confía en capturar el 30% del mercado mundial de inteligencia artificial física y desplegar robots en residencias, restaurantes y obras, pero el análisis cuestiona esa viabilidad: el país destaca en hardware pero arrastra carencias en software y está perdiendo terreno frente a Estados Unidos y China en robótica avanzada.
Sin inmigrantes, la presión sobre las finanzas públicas será enorme. La tasa de dependencia alcanzará el 60% a principios de la década de 2030 y el 80% antes de 2050. El Gobierno ya aplica un mecanismo de 'deslizamiento macroeconómico' que recortará las pensiones cerca de un 20% en 2040, mientras la inflación empujará a los mayores a seguir trabajando hasta los 70 años.
El informe Masuda advierte de que casi la mitad de los municipios podrían desaparecer en 2040 y el 20% de las zonas rurales quedarse sin habitantes en 2050, con caídas superiores al 30% en Akita, Aomori y Kochi. Las ciudades medianas que sobrevivan, como el prototipo Toyama, deberán concentrarse alrededor de nodos de transporte público.
En el ámbito corporativo, miles de empresas zombi quebrarán y la mano de obra se consolidará en grandes corporaciones, que pujarán por un número menguante de trabajadores provocando una subida salarial. Sectores como la agricultura sufrirán el fin del pequeño agricultor, con la producción interna cayendo en picado.