Francia prohíbe las llamadas de telemarketing no solicitadas: una nueva ley para proteger a los consumidores
El próximo martes 11 de agosto entrará en vigor en Francia una ley que prohíbe las llamadas de telemarketing no solicitadas, una medida respaldada por el Gobierno del presidente Emmanuel Macron que busca poner fin al acoso comercial telefónico que sufren millones de ciudadanos. La normativa, aprobada por el Parlamento el año pasado, invierte la lógica vigente hasta ahora: las empresas ya no podrán contactar a consumidores sin su consentimiento explícito y previo.
Según datos del Ejecutivo francés, aproximadamente tres de cada cuatro personas en Francia reciben al menos una llamada comercial no deseada cada semana, y muchos usuarios sufren varias a lo largo de pocos días. En 2024, once organizaciones de consumidores firmaron un comunicado conjunto exigiendo la prohibición, denunciando lo que calificaron como un hostigamiento relentless hacia los ciudadanos a través de llamadas no deseadas tanto a teléfonos fijos como a móviles, una intrusión que, afirmaron, se había convertido en una parte habitual de la vida diaria.
Alice Vilcot, jefa de gabinete de la Dirección General de Competencia, Consumo y Lucha contra el Fraude, explicó la nueva filosofía legal: «Las empresas tienen prohibido contactar a los consumidores sin su consentimiento previo. Este consentimiento puede ser retirado en cualquier momento». Los ciudadanos podrán denunciar las llamadas no deseadas a través de un sitio web habilitado por el Gobierno.
El régimen sancionador es contundente. Las personas físicas que realicen llamadas ilegales podrán enfrentarse a multas de hasta 75.000 euros (unos 87.000 dólares) por llamada, mientras que las empresas podrán ser sancionadas con hasta 375.000 euros (unos 435.000 dólares) por cada infracción. La ley contempla excepciones: los consumidores podrán autorizar llamadas marcando una casilla de consentimiento en un formulario, y las empresas podrán seguir contactando con sus clientes actuales para ofrecer productos relacionados con su relación contractual.
Hasta ahora, Francia funcionaba con un sistema opt-out: los ciudadanos que no deseaban recibir llamadas comerciales debían inscribir su número en un registro público gestionado por el Estado. Sin embargo, las asociaciones de consumidores denunciaron que muchos centros de llamadas ignoraban sistemáticamente esta lista. Vilcot recordó el caso de una empresa irlandesa que fue multada el año pasado con seis millones de euros (unos 6,9 millones de dólares) por vulnerar las normas francesas y llamar a personas inscritas en el registro de exclusión.
Francia no es el primer país en dar este paso. Alemania aplica una prohibición similar desde 2009. Otros Estados han optado por sistemas opt-out con resultados dispares: en Estados Unidos existe el Registro Nacional de No Llamar, en Canadá funciona su propia lista equivalente y en Reino Unido opera el Telephone Preference Service, donde las empresas que llaman a personas inscritas pueden ser multadas con hasta 500.000 libras (unos 670.000 dólares) por llamada.
La nueva legislación francesa, sin embargo, ha generado preocupación más allá de las fronteras europeas. En Marruecos, donde el sector de los centros de llamadas emplea a miles de personas orientadas principalmente al mercado francés, el ministro de Empleo, Younes Sekkouri, advirtió en marzo que entre 40.000 y 50.000 puestos de trabajo están en riesgo. Según el ministro, el mercado francés representa más del 80 por ciento de los ingresos del sector de telemarketing marroquí. Sekkouri pidió a las autoridades francesas que reconsideraran la medida o establecieran un período de transición para permitir la reconversión de los centros afectados.
La norma supone un cambio de paradigma en la protección de los consumidores frente al marketing telefónico agresivo, pero también plantea interrogantes sobre el futuro de una industria transfronteriza que emplea a decenas de miles de personas en el norte de África. Mientras las autoridades francesas defienden la ley como una victoria para los ciudadanos, particularmente para las personas vulnerables víctimas de prácticas fraudulentas, los gobiernos de los países dependientes de este sector buscan fórmulas para mitigar el impacto laboral. La entrada en vigor de la norma marcará un antes y un después en la relación entre consumidores y empresas en la economía digital.