El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha avalado la ley de amnistía española al resolver las cuestiones prejudiciales planteadas por la Audiencia Nacional y el Tribunal de Cuentas. La sentencia respalda la norma en todos los frentes abiertos por sus detractores: los jueces de Luxemburgo la consideran una vía correcta para reducir tensiones y facilitar la reconciliación tras el procés, niegan que constituya una autoamnistía vinculada a la investidura de Pedro Sánchez y descartan que quebrante los principios de igualdad o seguridad jurídica.
El TJUE subraya que la ley determina de forma objetiva su ámbito de aplicación, acotado a los hechos del proceso independentista catalán entre 2011 y 2023, y sostiene que no presenta deficiencias técnicas ni puede generar problemas sistémicos en la justicia española. También rechaza que los intereses financieros de la Unión queden afectados por la posible pérdida de Renta Nacional Bruta derivada de una secesión.
La resolución contradice el auto del Tribunal Supremo de 2024, que la calificó de trato "ostensiblemente privilegiado" para los independentistas y no apta para la convivencia, así como la ofensiva parlamentaria y judicial del PP, que llegó a recurrirla ante el Tribunal Constitucional. El fallo, favorable a los principales encausados por el caso CDR, deja en una situación comprometida la interpretación sostenida por el alto tribunal español y por el abogado de la Comisión Europea, alineado con los argumentos del PP.