La Abogacía del Estado ha presentado este viernes ante el Tribunal Supremo un escrito de alegaciones en el que se opone a que se eleve una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre la regularización extraordinaria de migrantes aprobada por el Gobierno. Los servicios jurídicos sostienen que la medida no contraviene el reglamento europeo de 2024 en materia de protección internacional, cuya aplicación entró en vigor el 12 de junio, porque el real decreto afecta a personas residentes en España antes del 1 de enero de 2026.
En su escrito, la Abogacía critica la providencia dictada el pasado martes por tres magistrados conservadores de la sección quinta de lo contencioso del Supremo, que abrió la vía europea tras los recursos de Aragón y la Comunitat Valenciana, ambas gobernadas por el PP. Considera que dicha resolución contiene “omisiones relevantes” y una motivación “insuficiente”, y que remitir la cuestión al TJUE equivaldría a solicitar “un dictamen consultivo sobre cuestiones generales o hipotéticas” antes de iniciar cualquier debate sobre el fondo.
La Abogacía defiende además que la regularización, vigente entre el 16 de abril y el 30 de junio, no es un proceso masivo ni una decisión política sin condiciones, sino una medida temporal con requisitos individuales adicionales. Recuerda que otorgar autorizaciones de residencia por motivos humanitarios es una competencia legítima del Estado que no ha sido alterada por los nuevos instrumentos comunitarios.
Por su parte, la Comunitat Valenciana pidió este viernes la paralización inmediata de la regularización mientras el ejecutivo aragonés confirmó su interés en llevar el asunto a la justicia europea y solicitó suspender las solicitudes. El Gobierno intenta transmitir tranquilidad y agilizar la resolución: de las 1.175.000 peticiones registradas, casi 610.000 expedientes ya han sido admitidos a trámite con un permiso de residencia provisional.