El Tribunal Supremo ha acordado no elevar al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) una cuestión prejudicial para que valore si la regularización extraordinaria de migrantes impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez colisiona con las directivas europeas. El Alto Tribunal considera que "no resulta pertinente el planteamiento de dicha cuestión en este momento procesal".
La decisión la adopta la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo tras revisar los recursos interpuestos por la Generalitat Valenciana y la Comunidad Autónoma de Aragón, ambas gobernadas por el PP. Los magistrados rechazan también adoptar las medidas cautelares que solicitaban ambas autonomías, orientadas a suspender la ejecución de la regularización, y se remiten a resoluciones anteriores.
La posibilidad de elevar el asunto al TJUE fue abierta el 30 de junio por tres magistrados de perfil conservador: Carlos Lesmes, Wenceslao Olea y Fernando Román —este último exsecretario de Estado de Justicia con Alberto Ruiz-Gallardón—. Consideraban que el real decreto del Ejecutivo podría chocar con el Pacto de Migración y Asilo de la UE. Días antes, a finales de mayo, el Supremo ya rechazó suspender cautelarmente la regularización a petición de la Comunidad de Madrid y de Vox. La decisión se ha adoptado sin votos particulares discrepantes.