La Comisión Europea se ha negado este martes a comentar la decisión del Tribunal Supremo de abrir un trámite para que el Gobierno, varias comunidades autónomas y asociaciones se pronuncien sobre la conveniencia de elevar una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) respecto a la regularización extraordinaria de migrantes aprobada por el Ejecutivo de Pedro Sánchez. Un portavoz comunitario se ha limitado a señalar que el asunto «está todavía en los tribunales españoles» y que no hay más comentarios al respecto.
La posición contrasta con la respuesta que la Comisión ya ofreció en enero, cuando el comisario de Asuntos Internos y Migraciones, Magnus Brunner, afirmó que la regularización es competencia del Estado español y que Bruselas no puede intervenir en esa decisión. Esa respuesta se produjo tras el anuncio del PP y Vox de llevar la medida a las instituciones europeas. Sin embargo, Brunner añadió entonces que las decisiones nacionales en un espacio sin fronteras interiores pueden tener consecuencias para otros Estados miembro.
La presión de varios países —entre ellos Bélgica, Dinamarca, Alemania y Hungría— se hizo visible en el último Consejo Europeo, donde distintos líderes reprocharon a Sánchez el posible impacto de la regularización. Además, una sentencia del TJUE de principios de junio tumbó el argumento del comisario al establecer que un permiso de residencia en un país de la UE no excluye la posibilidad de obtenerlo en otro, si se valoran circunstancias como la unidad familiar.