El Gobierno central ha dado un ultimátum de seis meses a Santa Cruz de Tenerife para retirar el Monumento al Caudillo, una escultura franquista de 10 metros esculpida en 1966 por Juan de Ávalos junto al Fuerte de Almeyda. La ley de memoria democrática obliga a su eliminación, pero el alcalde de la capital tinerfeña se opone y plantea resignificar la pieza, una opción que el Consejo de Patrimonio Cultural de Canarias ya rechazó al descartar declarar el conjunto Bien de Interés Cultural. La Universidad de La Laguna coincide en que la obra carece de valor cultural excepcional y que su único fin fue la exaltación fascista.
El debate enfrenta a instituciones, vecinos y partidos. La Asociación de Memoria Histórica de Tenerife reclama cumplir la ley, mientras VOX impulsa una recogida de firmas en defensa del monumento, al que denomina "monumento a la paz". Figuras como el historietista Paco Roca han abogado por su conservación siempre que se contextualice, y un documento reciente muestra que el propio Franco desaconsejó construirlo por considerarlo innecesario.
La escultura forma parte del Catálogo de Vestigios Franquistas de Canarias, un inventario de más de 9.300 páginas que documenta unos 4.000 vestigios en España e incluye monumentos, placas, calles y más de 130 distinciones a personas. El caso tinerfeño se ha convertido en el más emblemático de la aplicación de la normativa de memoria y abre la puerta a futuras intervenciones sobre otras piezas del archipiélago.