El cierre por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) de un caso penal de larga data contra Abbott Laboratories por la contaminación de leche infantil en polvo ha provocado un repliegue más amplio en las prosecutions de delitos corporativos relacionados con la protección de la salud del consumidor, según fuentes familiarizadas con el asunto. La División Penal del DOJ, dirigida por Tysen Duva, y sus principales asistentes ordenaron a los fiscales cerrar otras investigaciones sobre la industria alimentaria y farmacéutica tras la decisión de la oficina del fiscal general adjunto, entonces liderada por Todd Blanche, de rechazar los cargos contra Abbott y sus ejecutivos. Los supervisores también establecieron un estándar probatorio más elevado para otras investigaciones corporativas en la unidad de salud y seguridad. El caso, que se remonta a un brote bacteriano de 2022 en la planta de Michigan de Abbott, se cerró en favor de un acuerdo civil bajo la Ley de Reclamaciones Falsas. Abbott sostuvo que sus productos son seguros. La reorganización de 2025 en el DOJ, que incluyó la disolución de la oficina de protección al consumidor de la División Civil y la fusión de sus fiscales en la nueva unidad de salud y seguridad de la División Penal, facilitó este repliegue. La jefa de la unidad, Kate Payerle, aseguró que su equipo seguirá activo, aunque otras investigaciones corporativas están estancadas bajo el nuevo umbral de evidencia.
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