El Senado canadiense examina actualmente el proyecto de ley C-22, conocido como la Ley de Acceso Legal, que amplía drásticamente las facultades de vigilancia del gobierno. Esta legislación, ya aprobada por la Cámara de los Comunes, permite a las autoridades exigir a servicios digitales, incluidas telecomunicaciones y aplicaciones de mensajería, que faciliten el acceso a datos para fines de seguridad nacional. Un punto crítico del proyecto es la autorización del Ministro de Seguridad Pública para ordenar la creación de puertas traseras en los sistemas, siempre que no comprometan la seguridad sistémica, lo que debilita la cifrado que protege la privacidad de los ciudadanos. Además, la ley obliga a retener metadatos durante un año, revelando patrones de comunicación y ubicación incluso en ausencia de sospechas de delito. Investigadores de la Asociación Canadiense de Libertades Civiles (CCLA) y Citizen Lab han publicado un análisis detallado que señala graves deficiencias constitucionales y de ciberseguridad, recomendando retirar por completo la Parte 2 del proyecto de ley. La ley también podría facilitar el intercambio de datos personales con fuerzas de seguridad extranjeras, incluyendo Estados Unidos, bajo acuerdos de intercambio transfronterizo que carecen de supervisión judicial canadiense. Algunos senadores ya han expresado preocupaciones sobre la compatibilidad de la ley con las protecciones de privacidad de la Constitución canadiense. Organizaciones como la CCLA y la EFF instan a los ciudadanos a firmar peticiones para bloquear esta expansión de la vigilancia estatal antes de que el Senado apruebe la medida.
