El gobierno de Canadá ha presentado el proyecto de ley C-22, una propuesta que podría obligar a las empresas tecnológicas a implementar capacidades técnicas que permitan a las fuerzas de seguridad acceder a datos cifrados. Esta medida, que busca ampliar los poderes de vigilancia, ha provocado reacciones inmediatas de organizaciones de privacidad y seguridad. Psiphon VPN, Signal, Apple, Meta, DuckDuckGo y NordVPN han anunciado que considerarán abandonar el mercado canadiense si la ley se aprueba, argumentando que las exigencias violan los principios de seguridad y privacidad de sus servicios.
El proyecto C-22, propuesto en 2025 y revisado tras críticas, permite a las autoridades exigir a las empresas, incluso extranjeras, que introduzcan vulnerabilidades o 'puertas traseras' en sus sistemas para fines de investigación. Expertos en criptografía advierten que estas medidas son inseguras y crean riesgos sistémicos, especialmente con el aumento del uso de herramientas de inteligencia artificial para el análisis de sistemas. Además, la ley exige la retención de metadatos de actividad de los usuarios, una práctica que muchas empresas de privacidad evitan por diseño, lo que podría forzar cambios en sus modelos de negocio y erosionar la confianza de los usuarios.
Otros países como el Reino Unido, Australia, Francia, India y la Unión Europea también están evaluando o han implementado reformas similares que comprometen la integridad de la cifrado. Los defensores de la privacidad señalan que no existe un refugio seguro global definitivo, ya que las leyes de vigilancia tienden a extenderse. La solución más viable, según expertos, es mantener al mínimo la recopilación de datos, pero la legislación actual amenaza con convertir la privacidad en un activo geográfico limitado.