Óscar Puente, ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, ha anunciado de forma sorpresiva su dimisión y su retirada de las listas del Partido Socialista (PSOE) para las elecciones generales del 29 de noviembre. La decisión, comunicada al final de una comparecencia de más de cuatro horas ante la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados, se produce tras el grave accidente ferroviario ocurrido en Urda (Toledo), que ha dejado 69 fallecidos, sumándose a la tragedia de Adamuz (Córdoba) donde murieron 46 personas en enero. Puente ha justificado su salida como una "medida necesaria y positiva" basada en la "dignidad política", argumentando que el pueblo solo salva al pueblo votando a los que lo apoyan y reivindicando la "altura" de su partido y su país.
El anuncio contrasta directamente con la postura del Gobierno, que apenas unas horas antes descartaba cualquier dimisión o cese por parte de Pedro Sánchez. Según informó EFE, fuentes del Ejecutivo aseguraron que la continuidad de Puente estaba fuera de discusión, aunque tras el siniestro el propio ministro había puesto su cargo a disposición del presidente, quien le pidió que continuara al frente de Transportes. Puente ha defendido que ninguna decisión u omisión suya ha contribuido directamente a las causas del accidente, una afirmación que no equivale a una conclusión de la investigación oficial. Durante su intervención, el ministro ha expresado su duelo por las víctimas y ha señalado que su decisión no ha tenido consecuencias directas en las causas de la tragedia, aunque ha admitido que decidió dejar el cargo pocas horas después del choque, esperando conocer las primeras pesquisas.
El accidente de Urda ha generado un intenso debate sobre la seguridad de la alta velocidad en España. Según las comunicaciones conocidas, tras la caída del sistema LZB, encargado de supervisar automáticamente la circulación, el centro de control de Adif autorizó a las 8:36 a un tren AVE a reanudar la marcha con normalidad, aunque el tren no volvió a ponerse en movimiento hasta aproximadamente las 8:43. Cinco minutos después, la maquinista de un tren Iryo comunicó que seguía detenida, pero el centro de control no ordenó detener al AVE, que terminó colisionando con el otro convoy alrededor de las 8:53. Este incidente ha puesto en el centro de la atención los fallos del sistema de protección automática y la supervisión humana en el centro de control.
En respuesta a la tragedia, el Gobierno ha presentado un plan extraordinario que contempla una revisión de los sistemas de la línea Madrid-Sevilla y la implementación de una doble validación de las órdenes de circulación cuando fallen los mecanismos automáticos de protección. Además, se han aprobado 30 millones de euros en ayudas y anticipos de indemnizaciones para los afectados. Mientras continúa la investigación, Transportes ha solicitado autorización judicial para reconstruir el tramo dañado, estimando que la línea podría reabrirse en un máximo de diez días naturales una vez obtenido ese permiso. La salida de Puente deja abiertas dos cuestiones clave: quién asumirá la cartera de Transportes y cómo se ejecutarán las medidas de seguridad anunciadas este martes. El país se enfrenta ahora a un momento crítico donde la gestión de la crisis y la confianza en las instituciones serán determinantes para la estabilidad política y la seguridad ferroviaria futura.