El consejero delegado de Volkswagen, Oliver Blume, ha admitido en una entrevista interna filtrada al semanario alemán Der Spiegel que los costes de administración y apoyo al negocio principal de la compañía se sitúan un 20% por encima de los de sus rivales. Esa brecha define la línea de acción del grupo: reducir su tamaño mediante despidos y recortes de capacidad. Blume cifró en 50.000 los empleos que un ajuste puramente teórico exigiría en todo el mundo, una cifra que se sumaría a los 50.000 recortes ya pactados con los sindicatos en Alemania hasta 2030, hasta alcanzar los 100.000 puestos de trabajo amenazados.
El directivo reconoció además que, por ahora, no puede garantizarse una ocupación competitiva para las plantas alemanas de Emden, Hannover, Zwickau y Neckarsulm, todas con el cierre sobre la mesa. La capacidad productiva del grupo en Europa excede en 500.000 vehículos la demanda actual, lo que obliga a adelgazar tanto la producción como el catálogo. Las fábricas españolas de Martorell y Navarra también podrían verse afectadas, aunque el grueso del recorte recaerá en Alemania.
Como alternativa al cierre, Blume planteó reconvertir plantas para fabricar armamento, opción ya explorada en Osnabrück con la israelí Rafael para componentes del sistema antimisiles Iron Dome, bloqueada por la oposición de Catar, accionista del grupo. El Gobierno de Baja Sajonia, titular del 20% del capital, ya votó en contra de un recorte masivo de plantilla. Analistas como Moritz Schularick, presidente del Instituto de Economía Mundial de Kiel, no descartan que un fabricante chino como BYD termine adquiriendo parte de la compañía.