Una campaña coordinada de sabotaje contra las cámaras de reconocimiento de matrículas de la empresa Flock Safety se ha extendido por al menos 23 estados de Estados Unidos, según ha documentado una investigación periodística de The Guardian. El fenómeno, que combina actos vandálicos con un discurso ideológico contrário a la vigilancia masiva, suma ya 33 incidentes identificados de personas que dañan, inutilizan o destruyen estos dispositivos con un mensaje explícito de protesta.
El caso más emblemático es el de "NoMark", un vigilante anónimo de Mineápolis conocido en redes sociales como el "Batman de Minneapolis", que cuenta con más de 700.000 seguidores en Instagram y TikTok. En declaraciones al Guardian, NoMark describió cómo destruyó su primera cámara Flock frente a un Taco Bell, trepando al poste, tapando la lente con cinta y cortando los cables de alimentación. En los últimos meses asegura haber derribado más de una docena de dispositivos, y afirma no tener miedo de continuar: "No me da miedo hacer cosas si creo que son correctas. Estas cosas se están extendiendo tan rápido por todo el país que es la única forma de combatirlas".
El movimiento adopta formas creativas: desde "bombardeos de pintura" sobre las cámaras, hasta la colocación de banderas estadounidenses en la escena del sabotaje, mensajes burlones como "hahaha get wrecked, ya surveilling fucks" o la impresión 3D de objetos diseñados para obstruir la lente. Algunos influencers han llegado incluso a fabricar cartas de cese y desistimiento falsas de Flock, capitalizando la mala percepción pública de la compañía.
Las consecuencias legales ya han comenzado. En Suffolk, Virginia, Jeffrey Sovern enfrenta cargos por destrucción de propiedad tras allegedly dañar más de una docena de cámaras; en su página de GoFundMe afirma que espera que su caso sirva como "catalizador de un movimiento más amplio para revertir la vigilancia intrusiva". En Nuevo México, Jevon Martínez fue detenido por supuestamente destruir 13 dispositivos Flock y aseguró a la cadena KRQE que planea continuar: "Son una amenaza clara y presente para la seguridad pública".
Flock Safety, una empresa con sede en Georgia valorada en 8.400 millones de dólares, opera sus lectores automáticos de matrículas en unas 6.000 comunidades de casi todos los estados del país, escaneando placas "miles de millones" de veces al mes, según datos difundidos por la propia compañía. En un comunicado de febrero, Flock sostuvo que sus dispositivos "no son herramientas de vigilancia masiva" y que "no pueden rastrear vehículos ni, mucho menos, personas individuales". Su consejero delegado, Garrett Langley, ha llegado a calificar a algunos críticos como personas que quieren "normalizar la ausencia de ley" y "debilitar la seguridad pública". La compañía declinó comentar los sabotajes, aunque publicó en julio una entrada en su blog titulada "Qué ocurre si se daña una cámara Flock", en la que asegura estar "preparada para ello" y ofrece planes de protección a los organismos que compran sus sistemas.
La respuesta policial no se ha hecho esperar. Decenas de centros estatales de fusión –hubs donde agencias federales y locales comparten inteligencia– hicieron circular este verano memos internos en los que piden a los agentes que vigilen las actividades del movimiento anti-Flock como parte de una directriz de seguridad nacional, según reportó el periodista Dan Boguslaw. Un informe obtenido de una agencia de inteligencia de Wisconsin recomienda aumentar la vigilancia y las patrullas durante protestas y durante una "semana nacional de acción" prevista para mediados de agosto.
El contexto explica la magnitud del rechazo. Investigaciones periodísticas como las de 404 Media han revelado que agentes policiales han utilizado Flock para rastrear a mujeres que se sometieron a abortos, o para vigilar de forma reiterada a personas concretas sin orden judicial. Estos casos han encendido las alarmas de organizaciones de derechos civiles, que advierten de que las cámaras permiten capturar la ubicación de cualquier conductor a partir de un acto cotidiano como circular por una vía pública, sin necesidad de sospecha previa ni de mandato judicial.
La situación plantea un dilema de difícil resolución. Por un lado, las fuerzas de seguridad defienden que estas cámaras son esenciales para resolver investigaciones y localizar vehículos sospechosos; por otro, crece una ola ciudadana dispuesta a asumir riesgos legales para impedir lo que consideran una infraestructura de vigilancia sin garantías. Hasta la fecha, ninguno de los principales sospechosos ha sido condenado, y la "semana nacional de acción" de agosto podría convertirse en el próximo termómetro de un conflicto que ya atraviesa la frontera entre la protesta digital, el activismo callejero y el delito.