Una familia de agricultores de Taylor (Texas) donó en 1999 unas 87 acres de terreno a la ciudad por 10 dólares, con la condición de que se usaran como parque público. Casi tres décadas después, el consistorio vendió la parcela al promotor de centros de datos Blueprint por 10 millones de dólares para construir un edificio de unas 135.000 pies cuadrados dedicado a infraestructura digital. La parcela se sitúa a unos 150 metros de la vivienda de Pamela Griffin, vecina cuya familia lleva generaciones residiendo en la zona, y entre una subestación eléctrica y las vías del tren. Griffin recuerda haber jugado al béisbol, acampado y criado a sus hijos en ese terreno, que ahora se transformará en un equipamiento industrial. La operación evidencia la presión urbanística que el auge de los centros de datos está ejerciendo sobre municipios pequeños de Estados Unidos, donde la demanda de suelo, energía y refrigeración choca con los compromisos previos de uso comunitario del suelo. El caso de Taylor ilustra cómo las administraciones locales, atraídas por ingresos fiscales y empleo, pueden desvincularse de acuerdos suscritos hace décadas cuando aparecen ofertas económicas muy superiores.
Una familia donó unas tierras para un parque y el ayuntamiento levantará un centro de datos
