Una facultad de Derecho ha aprobado una política sobre inteligencia artificial que entrará en vigor en el verano de 2026 y que restringe de forma general el uso de estas herramientas en los trabajos académicos y las prohíbe por completo en los exámenes. La norma prohíbe recurrir a la IA para conceptualizar, esquematizar, redactar, revisar, traducir o editar cualquier trabajo presentado para obtener créditos. También veta subir materiales docentes —como lecturas, diapositivas, grabaciones o enunciados— a sistemas generativos. La única excepción prevista para la investigación es la localización de fuentes (jurisprudencia, legislación o doctrina), aunque el estudiante responde de la exactitud de lo entregado: citar fuentes inexistentes se presumirá uso indebido de IA.
La política persigue dos objetivos. Primero, garantizar la mejor formación jurídica posible, asegurando que los estudiantes dominen los textos primarios, apliquen el razonamiento legal a cuestiones nuevas y desarrollen soluciones creativas de forma autónoma, ya que, según la facultad, el pensamiento crítico sigue siendo condición indispensable del buen ejercicio del Derecho. Segundo, velar por la equidad y la facilidad de aplicación de la norma. El profesorado podrá apartarse de esta regla por escrito y con previo aviso si la asignatura persigue enseñar fluidez en IA o si considera pedagógicamente oportuno establecer un régimen distinto, siempre exigiendo a los alumnos que declaren cualquier uso autorizado. Ante cualquier duda sobre la licitud de un uso concreto, el estudiante deberá consultar por escrito a su profesor antes de proceder.