El promotor Brian O'Neill proyecta levantar un centro de datos de dos millones de pies cuadrados en una antigua planta siderúrgica de Plymouth Township, un municipio de las afueras de Filadelfia. Ante la imposibilidad legal de rechazar un uso del suelo permitido, el consistorio elaboró un plan de 43 exigencias en nueve páginas que incluye obligaciones fiscales, energéticas, acústicas y de empleo local. Los representantes del promotor habían asegurado inicialmente que aceptarían cualquier propuesta municipal, pero los abogados de O'Neill impugnaron ahora la ordenanza de zonificación al considerar las condiciones excesivamente onerosas para desarrollar la infraestructura. El lunes, el ayuntamiento difundió un comunicado de doce páginas en el que tilda el recurso de "intento burdo de conseguir la aprobación mediante un berrinche" y rechaza lo que califica de "teatralidad". La presidenta del consejo, Lynne Viscio, acusó a O'Neill de haber "intimidado" y "amedrentado" a los funcionarios locales. El concejal Chris Manero, más conciliador, reconoció el potencial tecnológico y económico de los centros de datos, pero advirtió de que la salud de los residentes no puede sacrificarse en aras de esos beneficios. El caso ilustra el creciente pulso entre municipios y grandes desarrolladores de infraestructura digital en Estados Unidos, donde el recelo ciudadano hacia estas instalaciones atraviesa todo el espectro político.
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