En 1999, un agricultor de Texas conocido como Mr. Bland donó a la ciudad de Taylor casi 88 acres de terreno por un precio simbólico de 10 dólares, con una condición inscrita en la escritura: que el terreno fuera utilizado como parque para los niños de la comunidad. Más de dos décadas después, ese mismo terreno ha sido vendido por 10 millones de dólares a un promotor de centros de datos, desatando una batalla legal entre los vecinos y el desarrollador que amenaza con convertirse en un referente sobre el peso de las cláusulas de uso en las escrituras de propiedad en Texas.
Según la cronología reconstruida por el medio 404 Media y recogida por Tom's Hardware, el 7 de julio de 1999 Bland cedió la parcela a la Texas Parks and Recreation Foundation, un fideicomiso público. En 2003, esa entidad transfirió la propiedad a la Williamson County Park Foundation, y apenas un mes después esta la entregó a la Ciudad de Taylor. En 2008, el ayuntamiento vendió el terreno a la Taylor Economic Development Corporation (TEDC) por apenas 15.000 dólares, y en 2025 la TEDC lo revendió a la promotora Blueprint por 10 millones de dólares, con el objetivo de construir un centro de datos de unas 135.000 pies cuadrados.
La escritura original, desenterrada por los vecinos, estipula que los 87,97 acres deben "ser mantenidos en fideicomiso para uso futuro como parque". Para vecinos como Pamela Griffin, que creció jugando en تلك tierras junto a sus hijos, la traición a la voluntad del donante resulta inaceptable. "No estoy luchando solo por un centro de datos. Lucho porque este terreno fue cedido para parque", declaró Griffin a 404 Media. Los residentes temen impactos negativos en la calidad del aire, el agua, el suministro eléctrico y el ruido, además de una potencial caída en el valor de sus viviendas.
Por su parte, el Ayuntamiento defiende su postura señalando que la zonificación actual del terreno, clasificada como Employment Center, limita su capacidad de intervención: la ciudad solo podría regular la forma, no la función del desarrollo. El concejal ha asegurado en un comunicado que se implementarán medidas de mitigación, como muros de barrera, paisajismo, sistemas de refrigeración de agua en circuito cerrado y la construcción de una subestación eléctrica propia por parte del promotor. Además, las autoridades locales destacan que el proyecto generará aproximadamente 30 millones de dólares adicionales en ingresos fiscales durante la próxima década, de los cuales 20 millones se destinarían al distrito escolar.
En los tribunales, Blueprint ha vencido varias batallas legales contra los vecinos, quienes sin embargo preparan ahora una apelación ante el Tribunal de Apelaciones de Austin. El caso ha reavivado el debate en Texas sobre la vigencia perpetua de las condiciones de uso en las escrituras. Algunos comentaristas señalan que las cláusulas perpetuas podrían generar problemas si se aplicaran de forma generalizada, mientras que los residentes defienden que los acuerdos sobre bienes raíces deben cumplirse. En las redes y foros, voces críticas acusan al consistorio de anteponer el presupuesto anual a la calidad de vida de los vecinos, señalando que zonificar y decidir sobre el uso del suelo es, precisamente, la función principal de un gobierno local.
Por el momento, Blueprint aún no ha obtenido la aprobación municipal para los permisos de planificación y construcción, lo que deja abierta una ventana para que la presión vecinal y la apelación judicial frenen o modifiquen el proyecto. La disputa en Taylor, una ciudad de poco más de 17.000 habitantes, se ha convertido en un símbolo nacional de la tensión entre el rápido avance de la infraestructura digital y los derechos históricos de las comunidades sobre su territorio.