Un proyecto de ley que permitiría operar vehículos autónomos en Washington D. C. enfrenta a Uber contra Waymo, su socio comercial. La normativa, presentada por el concejal Charles Allen en mayo, actualizaría la Ley de Vehículos Autónomos de 2012 para autorizar pruebas y operaciones comerciales sin conductor, con permisos a cargo del Departamento de Transporte del Distrito. Entre los requisitos figuran un seguro de responsabilidad civil de al menos 5 millones de dólares y el reporte obligatorio de datos de accidentes. Los operadores de robotaxis abonarían además un impuesto de 0,15 dólares por milla recorrida, cuya recaudación se repartiría entre transporte público (50 %) y programas de reconversión laboral.
Uber se opone al texto y defiende un modelo híbrido en el que los robotaxis compartan plataforma con conductores humanos. Su responsable de política en EE. UU., Javi Correoso, sostiene que un enfoque exclusivamente autónomo desplaza a unos cuatro conductores por vehículo, genera congestión por trayectos en vacío y limita la asistencia física a personas mayores o con discapacidad. Waymo, respaldada por Alphabet, apoya la ley y la presenta como una vía para un despliegue seguro, con servicio complementario al transporte público y acceso equitativo.
Más de una decena de actores —Tesla, Lyft, sindicatos Teamsters y SEIU, grupos de discapacidad, organizaciones locales y expertos— comparecerán en la audiencia del lunes. Aunque la aprobación no es inminente, la disputa ilustra la estrategia de Uber: invertir en más de 30 desarrolladores de conducción autónoma y, al mismo tiempo, impulsar regulaciones que consoliden su papel de intermediario.