La Fiscalía del Distrito de Keelung, en Taiwán, imputó el pasado lunes a nueve personas por exportar ilegalmente a China servidores de inteligencia artificial de alta gama equipados con chips Nvidia B300, prohibidos en el mercado chino por las restricciones de exportación de Estados Unidos. Entre los acusados figuran un responsable de Nvidia Taiwán y dos exempleados de Super Micro, según documentos oficiales consultados por la prensa internacional.
El caso revela las grietas de un sistema de controles diseñado para impedir que la tecnología estadounidense más sensible termine en manos chinas. Según la acusación, el pedido original comprendía 130 servidores de Super Micro con tecnología B300 de Nvidia, una GPU de la generación Blackwell Ultra pensada para cargas de inteligencia artificial de muy alta exigencia. La documentación de usuario final indicaba que los equipos se instalarían en un centro de datos alquilado en Taiwán y no serían reexportados. Sin embargo, los fiscales sostienen que varios acusados que participaron en una inspección en septiembre de 2025 ya sabían que aquel recinto no disponía del espacio, la potencia eléctrica ni el ancho de banda necesarios para operar semejante despliegue. Pese a ello, Super Micro acabó aceptando el pedido en tres tandas: 2, 64 y 64 servidores.
De los 130 equipos, 74 lograron finalmente llegar a clientes chinos a través de tres rutas diferentes: 16 salieron directamente hacia China, otros 50 pasaron primero por Indonesia y ocho viajaron a Japón antes de continuar hacia Hong Kong y, desde allí, hasta su destino final. Los 56 servidores restantes iban a abandonar Taiwán con destino a una empresa japonesa, pero las aduanas taiwanesas detectaron irregularidades y exigieron una licencia para mercancías estratégicas de alta tecnología. La operación no llegó a completarse y esos equipos permanecieron en Taiwán. Para sortear los controles, algunos acusados crearon páginas web falsas y falsificaron información, y varios constituyeron una empresa en Japón que facilitó la transferencia de al menos ocho de los servidores.
Los incentivos económicos eran enormes. Según Reuters, citando fuentes del sector, los servidores B300 disponibles en China rondaban los 7 millones de yuanes, aproximadamente un millón de dólares, casi el doble de los 550.000 dólares que esas mismas fuentes situaban como referencia en Estados Unidos. Esa prima por escasez explica el beneficio que la Fiscalía atribuye a dos de los acusados: más de 21,2 millones de dólares por los 74 equipos que completaron el recorrido.
La acusación llega en un momento de creciente tensión en la carrera tecnológica entre Washington y Pekín. Estados Unidos comenzó a imponer restricciones a las exportaciones de chips avanzados de Nvidia a China en 2022 y las endureció en años sucesivos. En abril de 2025, Washington exigió licencias para exportar los chips H20 de Nvidia a China, antes de permitir algunas ventas a finales de ese año. Taiwán aplica además su propio régimen sobre mercancías estratégicas. Bajo estas normas, cualquier venta por parte de Nvidia de servidores de IA de alta gama requiere un proceso de revisión estricto, y las compras de más de ocho unidades obligan al personal de la compañía a realizar inspecciones in situ a los clientes.
La Fiscalía taiwanesa solicita la pena máxima de cinco años de prisión para cuatro de los nueve acusados, entre ellos Chang, un gerente de Nvidia identificado únicamente por su apellido. Chang fue descrito como la figura clave responsable de autorizar la liberación de las GPU B300 en este caso, con una "actitud claramente deficiente tras el delito", según el documento fiscal.
Nvidia reaccionó con un comunicado de su portavoz Patrick Rutherford: "Trabajaremos con las autoridades taiwanesas para ayudarles a resolver las acusaciones lo antes posible". Super Micro, por su parte, afirmó que la detención de sus dos exempleados se produjo gracias a su cooperación con las autoridades taiwanesas y aseguró que seguirá trabajando para "mejorar su sólido programa de cumplimiento de exportaciones y proteger la innovación estadounidense".
El caso ilustra la complejidad de vigilar la cadena de suministro de los semiconductores avanzados. Nvidia es una compañía fabless que diseña sus chips pero encarga su fabricación a socios como TSMC, cuya producción se extiende entre Taiwán y Estados Unidos. Empresas como Super Micro convierten después esos componentes en sistemas completos que atraviesan una red internacional de distribuidores y compradores. Las restricciones incorporan controles sobre el usuario y el destino final, no solo sobre la primera venta, precisamente porque la trazabilidad se vuelve más difícil a medida que los equipos cambian de manos y cruzan fronteras.
De momento, el proceso judicial seguirá su curso en Taiwán mientras crecen las preguntas sobre la eficacia de los controles de exportación en una industria donde la demanda china de tecnología de punta sigue disparada y los márgenes de beneficio para quienes burlan las restricciones pueden multiplicarse por dos.