La campaña Stop Killing Games, iniciada en 2024 por el creador de contenido estadounidense Ross Scott tras el cierre del juego de carreras The Crew por Ubisoft, exige que los editores garanticen la jugabilidad de los títulos cuando retiran los servidores. El movimiento recogió cerca de 1,3 millones de firmas y, en enero, presentó una Iniciativa Ciudadana Europea ante la Comisión Europea, que celebró una audiencia pública en el Parlamento en abril. La Comisión debe responder antes del 27 de julio.
Ubisoft, que apagó The Crew tras más de 12 millones de jugadores alegando restricciones de licencias e infraestructura, defiende que los usuarios compraron una licencia, no la propiedad ilimitada del juego; una demanda colectiva en California fue retirada en junio de 2025. En Francia, la asociación UFC-Que Choisir demandó a Ubisoft en marzo por considerar engañosas las condiciones de compra. En el Reino Unido, el Gobierno rechazó legislar tras un debate parlamentario, mientras que en California el proyecto de ley Protect Our Games Act avanza en el Senado estatal.
La industria, agrupada en Video Games Europe, advierte de que obligar a mantener los juegos operativos encarecería el desarrollo. Scott rechaza esa interpretación y propone planes de fin de vida que permitan jugar sin conexión o liberar el software necesario. El caso ilustra la tensión creciente en torno a los juegos como servicio y la propiedad digital.