Puerto Rico atraviesa una sequía histórica que ha obligado al racionamiento de agua en el noreste de la isla, donde 180.000 hogares llevan más de 100 días con suministro intermitente tras la orden de la gobernadora Jenniffer González de cortar el servicio dos días seguidos. La crisis se suma al deterioro crónico de la red de distribución: la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados pierde alrededor del 60% del agua potable por fugas, y la tubería principal del Superaqueducto de 72 pulgadas, que abastece a la costa norte, ha sufrido varias roturas.
Expertos consultados sostienen que la raíz del problema no es la escasez hídrica, sino la mala gestión. La isla recibe entre 30 y 169 pulgadas de lluvia al año, una cifra que permitiría, según cálculos del arquitecto Fernando Abruña, recolectar 30.000 millones de galones anuales si un millón de hogares adoptaran sistemas de captación. Aun así, el Gobierno no exige cisternas ni ofrece incentivos para su instalación, a diferencia de las Islas Vírgenes Estadounidenses, donde cerca del 90% de las viviendas cuenta con una.
Organizaciones como Plenitud Puerto Rico han instalado 73 sistemas por valor de 500 a 5.000 dólares, pero la cobertura es mínima. El legislador José Pérez Cordero presentó en junio una resolución para estudiar la viabilidad de la recolección de lluvia, y en 2024 se aprobó una ley que obligaba a los edificios públicos a instalar estos sistemas; ninguna de las dos medidas se ha implementado. Ante el avance del cambio climático, que alargará las temporadas secas, los expertos urgen a tratar la lluvia como parte esencial de la red nacional de agua.