La organización Data Center Watch, vinculada a la firma de inteligencia artificial 10a Labs, documentó que entre enero y marzo de 2026 las protestas ciudadanas bloquearon o retrasaron al menos 75 proyectos de centros de datos en Estados Unidos, por un valor conjunto aproximado de 130.000 millones de dólares. Se trata del mayor número de proyectos frenados en un trimestre desde que la organización comenzó su seguimiento en 2023. Los investigadores descartan que se trate de un pico coyuntural y sostienen que responde a un cambio estructural: las comunidades han interiorizado un repertorio de oposición eficaz, las legislaturas estatales han introducido incertidumbre regulatoria formal y el número de grupos activos de protesta se ha más que duplicado hasta alcanzar los 833 en 49 estados. El movimiento acumula impulso político de cara a las elecciones legislativas de mitad de mandato, con simpatía creciente en ambos partidos. La socióloga Tressie McMillan Cottom, tras convivir con organizadores en Carolina del Norte, ha cambiado su escepticismo inicial y defiende en un artículo de opinión en The New York Times que los demócratas deberían convertir la oposición a los centros de datos en eje de campaña. McMillan Cottom subraya que la movilización atraviesa líneas partidistas y que vecinos sin experiencia previa asisten a sesiones de formación sobre derechos hídricos, uso del suelo y termodinámica para combatir proyectos que elevan las tarifas energéticas, amenazan la salud pública y agotan recursos locales.
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