Una transferencia de seis millas en ambulancia entre dos hospitales de San Francisco le costó a Jagdish Whitten, de 25 años, alrededor de 12.873 dólares tras ser atropellado por un coche mientras corría. Su seguro acabó cubriendo unos 9.967 dólares, pero Whitten tuvo que pagar casi 3.000 de su bolsillo tras un proceso de recurso contra American Medical Response (AMR), el proveedor del servicio.
Este caso ilustra un fenómeno estructural: cada año, cerca de tres millones de estadounidenses con seguro privado usan una ambulancia de emergencia y aproximadamente la mitad recibe una factura fuera de red, una proporción sin equivalente en ningún otro ámbito de la medicina. Las personas sin seguro afrontan el coste completo sin descuento. Una encuesta de 2024 indica que el 23% de los estadounidenses ha renunciado a una ambulancia por miedo al precio.
La explicación habitual culpa a la codicia de los operadores y a la propiedad de empresas de capital privado, pero los datos muestran que el sector de ambulancias es crónicamente poco rentable, con márgenes ajustados, personal mal pagado y operadores que abandonan la actividad cada año.
El origen del problema se remonta a 1965, cuando Medicare decidió pagar los servicios de ambulancia como una tarifa por traslado, a posteriori, igual que cualquier otro procedimiento médico. Los aseguradores comerciales adoptaron el mismo modelo. Sin embargo, el coste real de una ambulancia apenas reside en el trayecto: casi todo se destina a mantener la disponibilidad permanente (estaciones, vehículos, personal listo las 24 horas para atender llamadas que tal vez nunca lleguen). El modelo retributivo no ha evolucionado al mismo ritmo que la estructura de costes, y de ahí derivan los precios inflados, la falta de transparencia y la desprotección del paciente. El artículo desarrolla la analogía de las ambulancias como "vendedores de opciones" sobre un rescate, comparables a las aseguradoras de incendio o los parques de bomberos, cuyo producto es la disponibilidad, no el servicio concreto.