La Dirección General de Finanzas Públicas de Francia (DGFiP) confirmó el 14 de agosto una intrusión que filtró un fichero con 678.000 entradas de particulares y profesionales, con nombres, apellidos, cociente familiar, ingreso fiscal de referencia y tasa de retención en la fuente. La directora general Amélie Verdier asumió el balance y el pirateo informático expuso también direcciones, teléfonos y correos, según el análisis de FrenchBreaches sobre los datos revendidos. El acceso del atacante se había cortado a finales de junio, pero la exfiltración no se detectó hasta el 12 de agosto, cuando los datos aparecieron a la venta. El mismo pirata reivindicó una segunda intrusión a finales de julio contra el servidor profesional del catastro, con más de dos millones de personas afectadas, lograda mediante un VPN de uso interno de los agentes fiscales. En paralelo, entre el 25 y el 26 de julio se hackeó el sistema de formación de personal del Ministerio de Educación Nacional, tercero desde enero, con datos de agentes en activo desde 2001, aunque el volumen no fue publicado. La eurodiputada Aurore Lalucq pidió la dimisión del ministro David Amiel tras denunciar que el pirata "entró y se fue con la caja". El artículo analiza por qué estos ataques se repiten, cuestiona si el problema es técnico u organizativo y recuerda una sentencia del TJUE de diciembre de 2023 contra Bulgaria que invierte la carga de la prueba en favor del contribuyente cuando una administración sufre una brecha.
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