Óscar Puente, exministro de Transportes y Movilidad Sostenible, ha anunciado su dimisión del cargo tras dos años y medio de gestión, un periodo marcado por la complejidad de las dos tragedias ferroviarias de Adamuz y Urda. En su última comparecencia ante el Congreso de los Diputados, Puente ha reflexionado sobre su trayectoria, destacando su compromiso con el partido y el país, y ha reconocido que su ego nunca ha sido mayor que ambos. Pedro Sánchez, quien ha asumido la cartera tras su salida, ha elogiado la dedicación y transparencia de su predecesor, mientras que Carlos Cuerpo, titular de Economía, ha asumido la dirección del ministerio.
La gestión de Puente ha estado íntimamente ligada a la modernización del ferrocarril, un sector donde los problemas de los usuarios, especialmente en la red de Cercanías y Rodalies, han sido constantes. En el ámbito de Rodalies, la gestión del traspaso a la Generalitat de Catalunya ha sido un punto de fricción, mientras que en la alta velocidad, la modernización de la flota ha enfrentado desafíos logísticos. Aunque se han adquirido trenes bajo su mandato, muchos de ellos, como los 200 nuevos para Rodalies o los 40 trenes de alta velocidad contratados por Renfe por más de 1.200 millones de euros, no llegarán a circular hasta dentro de varios años, coincidiendo con la llegada de un nuevo Ejecutivo.
En el ámbito de la movilidad urbana e interurbana, Puente ha impulsado la creación de un abono único para todos los medios de transporte de titularidad estatal. Sin embargo, la extensión de este abono a los servicios gestionados por las comunidades autónomas no ha salido adelante durante su mandato, debido principalmente a la oposición de administraciones gobernadas por el Partido Popular, como el de Madrid. Además, ha admitido la existencia de un déficit de cerca de 5.000 millones de euros en la infraestructura vial, un problema que persiste tras años de falta de inversión.
La gestión aeroportuaria, a través de Aena y Enaire, ha sido otro pilar de su ministerio. Se han comprometido 13.000 millones de euros para la renovación de aeropuertos, con inversiones significativas en Barajas y El Prat. Esta inversión, financiada a través del programa DORA III, derivó en un conflicto público con Ryanair, al que Puente acusó de "chantaje y extorsión" por presionar para reducir las tasas de uso de las instalaciones públicas. El ministro defendió que el Ministerio no puede hacer políticas de tasas pensando en los beneficios de una operadora específica, sino en el interés general del transporte.
En el plano legislativo, se aprobó la Ley de Movilidad Sostenible en octubre de 2025, una norma clave para la neutralidad climática y la descarbonización. Puente ha señalado que su ministerio ha ejecutado casi todos los fondos disponibles, incluyendo los 11.000 millones de euros de fondos europeos asignados. Su dimisión cierra un capítulo en la gestión de los transportes en España, dejando un legado mixto de avances en infraestructura y regulación, pero también de desafíos pendientes en la integración de la movilidad y la modernización de la flota ferroviaria.