La administradora de fincas Isabel Ocaña, vicepresidenta del Colegio Profesional de Administradores de Fincas de Madrid, establece que los propietarios no pueden conectar sus vehículos a los tomacorrientes de la comunidad sin autorización previa. Esta restricción se debe a que el suministro eléctrico es un servicio común y los consumos se contabilizan en la comunidad, lo que requiere un acuerdo de la junta de propietarios y un sistema de individualización de costes. Según el artículo 17.5 de la Ley de Propiedad Horizontal, si se instala un punto privado en una plaza individual, los costes de instalación y consumo corren a cargo exclusivo de los interesados, sin necesidad de acuerdo comunitario, aunque sí es obligatorio informar a los vecinos de antemano. La instalación debe cumplir con el Reglamento electrotécnico para baja tensión y la instrucción técnica específica para la recarga de vehículos eléctricos. Ocaña recomienda realizar la comunicación escrita, incluyendo el esquema de la instalación, la trayectoria de la canalización y la identidad de la empresa instaladora. Además, es crucial entregar toda la documentación de legalización y el certificado de instalación eléctrica una vez finalizada la obra. En cuanto a la infraestructura, si no existe un suministro específico en el garaje, es posible llevar la línea desde el suministro individual de la vivienda hasta la plaza, siempre que sea técnicamente viable y cumpla con la normativa. También se puede instalar una infraestructura común a la que se conectarán posteriormente los puntos individuales, una solución especialmente recomendable para comunidades con varios propietarios con vehículos eléctricos.
