Meta se enfrenta desde esta semana en un tribunal federal de Oakland, California, a un juicio civil de gran envergadura en el que 29 fiscales generales estatales de Estados Unidos acusan al gigante tecnológico de haber diseñado Facebook e Instagram para generar adicción entre menores y de haber recolectado datos de niños sin el consentimiento de sus padres.
El proceso, que se prolongará hasta siete semanas ante el jurado y la jueza federal Yvonne Gonzalez Rogers, sitúa a la compañía fundada por Mark Zuckerberg en una de sus mayores crisis judiciales. La demanda se basa en presuntas violaciones de la Ley de Protección de la Privacidad Infantil en Línea (COPPA, por sus siglas en inglés), y los fiscales de California, Colorado, Kentucky y Nueva Jersey —que lideran la acusación— sostienen además que Meta realizó declaraciones engañosas sobre el funcionamiento de sus plataformas.
En su alegato de apertura, la vicesecretaria general de Justicia de California, Megan O'Neill, acusó al conglomerado de explotar «cómo funcionan los cerebros» de los menores para diseñar funciones que fomentaran un uso compulsivo. O'Neill adelantó que durante el juicio se mostrará cuántas herramientas operan «tanto individual como conjuntamente» para captar la atención de los usuarios más jóvenes. La acusación contó con acceso a comunicaciones internas de Meta obtenidas durante la fase preparatoria.
El abogado de Meta, Paul Schmidt, rechazó las acusaciones y argumentó que empleados de la compañía identificaron los problemas vinculados al uso infantil y adoptaron medidas correctas. Según Schmidt, en los últimos tres meses Meta eliminó 600.000 cuentas de menores de 13 años que utilizaban los servicios con fechas de nacimiento falsas, una práctica que vulnera sus términos. Además, sostuvo que la empresa enfrenta un equilibrio legítimo entre la protección de los menores y la libertad de expresión, y que en ciertos casos optó por dejar de recomendar publicaciones en lugar de censurarlas.
El primer testigo de la acusación fue Arturo Béjar, exempleado de Facebook y actual denunciante interno. Béjar explicó que tras dejar la empresa en 2015 descubrió los problemas cuando su hija, entonces de 14 años, recibió en Instagram solicitudes sexuales y fotografías de genitales. Regresó como asesor en 2019 para reforzar la seguridad, pero asegura que advirtió a la dirección de que los menores recibían entre 100 y 400 veces más contenido dañino del que las estadísticas oficiales de Meta registraban.
El juicio llega en un contexto particularmente adverso para Meta. En marzo, un jurado de Los Ángeles declaró a la compañía y a YouTube, propiedad de Google, responsables de actuar con negligencia y de no informar adecuadamente a los usuarios sobre los riesgos de sus plataformas, en lo que los analistas calificaron como un fallo histórico. Más recientemente, en Nuevo México, un tribunal ordenó a Meta pagar más de 940 millones de dólares —según Wired, o más de 500 millones según Heise— por daños a menores y por constituir una molestia pública, e impuso restricciones como un máximo de 90 horas mensuales de uso para usuarios menores de 18 años y la prohibición de notificaciones push entre las 22:00 y las 7:00, así como durante el horario escolar. Meta anunció su intención de recurrir ambas decisiones.
Las posibles consecuencias económicas del proceso actual son enormes, aunque existe una marcada divergencia entre las cifras que circulan. En un documento judicial reciente, Meta estimó que las sanciones podrían alcanzar los 1,4 billones de dólares, una cantidad que la propia compañía consideró capaz de amenazar su supervivencia. No obstante, el fiscal general de California, Rob Bonta, aclaró que esa cifra procede de un cálculo interno de Meta basado en multiplicar el número de usuarios jóvenes por las multas máximas posibles, y que los estados no reclaman esa cantidad. Los abogados de la acusación sugieren que una indemnización realista rondaría los 200.000 millones de dólares.
Los estados persiguen, más allá de las compensaciones económicas, reformas estructurales de alcance sectorial. Entre las funciones cuestionadas se encuentra el «autoplay», la reproducción automática de vídeos que mantiene a los usuarios enganchados, y se anunció que la plataforma TikTok también será llevada a los tribunales. Meta rechaza las acusaciones y defiende, además, que está protegida por la Sección 230 de la Ley de Decencia en las Comunicaciones de 1996, que exime a las plataformas de responsabilidad por el contenido generado por sus usuarios.
Está previsto que declaren durante el juicio el fundador y director ejecutivo de Meta, Mark Zuckerberg, y el actual responsable de Instagram, Adam Mosseri. Los analistas jurídicos coinciden en que, con independencia de su resultado, este caso podría sentar precedente sobre cómo las grandes tecnológicas deben equilibrar el diseño de productos, la privacidad infantil y la transparencia hacia los consumidores, y consolidar una tendencia regulatoria que ya afecta a Meta en múltiples frentes simultáneamente.