Meta ha aceptado pagar 18.000 millones de dólares a 52 fiscales generales de Estados Unidos para cerrar las acusaciones de que diseñó Facebook e Instagram para generar adicción en menores y engañó a los usuarios sobre su seguridad. La compañía niega toda responsabilidad y el pago se distribuirá a lo largo de diez años, una cifra simbólica frente a los 60.000 millones de beneficio que obtuvo el pasado ejercicio. El acuerdo introduce, además, cambios sustanciales en el funcionamiento de sus plataformas: los menores de 18 años en EE UU quedarán sujetos por defecto a un límite diario de dos horas de uso, con acceso bloqueado durante la noche salvo autorización paterna, notificaciones silenciadas en horario escolar y avisos persistentes sobre el tiempo de pantalla.
Para el periodista Chris Stokel-Walker, el movimiento responde a un cambio estratégico tras la derrota judicial de Meta en Nuevo México en agosto, cuando un juez ordenó a la empresa abonar 942 millones de dólares y reformar sus sistemas de protección infantil, un fallo que sienta precedente y que la compañía recurre. El acuerdo actual, sin admisión de culpabilidad, no genera jurisprudencia, lo que limita el efecto multiplicador en los miles de litigios similares que siguen su curso en tribunales estadounidenses. Además, aproximadamente un tercio del importe pactado queda condicionado a que TikTok y YouTube introduzcan restricciones equivalentes y abonen contribuciones similares, algo que Meta está reclamado públicamente.
Florida ha rechazado el pacto y mantiene su acción judicial particular. Aunque el acuerdo se aplica formalmente solo a los estados firmantes, la compañía ya aplica medidas de protección para adolescentes en otros países. La presión regulatoria en Reino Unido, Australia y la UE, sumada a su propia Online Safety Act británica, apunta a que las nuevas restricciones podrían extenderse internacionalmente, elevando la factura regulatoria para Meta y para el resto de las grandes tecnológicas.