Meta enfrenta una crisis legal y política sin precedentes, marcada por una multa histórica de 22.000 millones de euros impuesta por un tribunal de Nuevo México, que se suma a las 4.500 millones pagadas previamente al regulador federal. Esta sanción llega en un contexto de creciente escrutinio sobre el uso de datos para influir en procesos electorales, un tema que remite directamente al escándalo de Cambridge Analytica, que recopiló datos de 87 millones de usuarios de Facebook en 2016 para condicionar el voto de Donald Trump y el Brexit.
En Brasil, el Tribunal Superior Electoral ha iniciado un proceso para demostrar que los algoritmos de Instagram y Facebook tratan por igual a los candidatos Lula y Flavio Bolsonaro. El gobierno brasileño ha denunciado sesgos en la distribución de contenidos y en la generación de imágenes con IA, alegando que la plataforma favorece a Bolsonaro. Aunque Meta atribuye estos problemas a errores técnicos, empleados de la empresa han admitido internamente que el alcance de las cuentas de Lula fue restringido. Brasil ha denunciado el caso ante la ONU y congresistas como Bernie Sanders han pedido explicaciones, señalando que la concentración de usuarios en WhatsApp y Facebook otorga a Meta un poder desproporcionado en la política digital.
Este caso resucita la sombra de Cambridge Analytica, que utilizaba modelos psicológicos basados en cinco criterios para segmentar a los votantes con mensajes personalizados. La situación actual subraya la necesidad de regular estrictamente el uso de datos para la manipulación psicológica en campañas electorales, especialmente en un año electoral clave para EE.UU. y Brasil.