Meta Platforms ha acordado pagar cerca de 18.000 millones de dólares para resolver una demanda colectiva presentada por 29 estados y otros fiscales generales que acusaban a la compañía de diseñar sus plataformas, especialmente Instagram, de manera que causaban daños a menores de edad. El acuerdo, que pone fin a uno de los litigios más importantes sobre seguridad infantil en redes sociales en Estados Unidos, incluye además una serie de cambios obligatorios en las funciones de las plataformas de Meta y un compromiso de la empresa para promover que competidores como YouTube y TikTok adopten medidas similares.
La cifra exacta del pago varía según el documento consultado. El consentimiento del fallo judicial fija el monto en 16.680.647.753,21 dólares, aunque el comunicado de prensa de Meta lo redondea a "aproximadamente 18.000 millones", una diferencia que ha generado titulares divergentes en los medios de comunicación.
El acuerdo no solo contempla una compensación económica, sino también la implementación de cambios sustanciales en las plataformas de Meta orientados a reforzar la seguridad de los menores. Entre estas medidas se incluye la incorporación obligatoria de sistemas de verificación de edad, conocidos como "age assurance", que requerirán la recopilación de más datos personales de todos los usuarios, incluidos los adultos. Además, Meta se ha comprometido a "alentar" a YouTube y TikTok a habilitar funciones equivalentes, aunque paradójicamente, si esas plataformas adoptan las mismas medidas, Meta deberá pagar una suma adicional.
El acuerdo ha generado un intenso debate entre defensores de derechos digitales y organizaciones de libertad en internet. La Electronic Frontier Foundation (EFF) y Fight for the Future, dos de las principales organizaciones de derechos civiles digitales, han expresado su preocupación de que el acuerdo termine perjudicando a los propios menores. Según la EFF, "bajo este acuerdo, los jóvenes usuarios tendrán menos acceso a los productos de Meta y una menor capacidad para ejercer sus derechos de expresión, acceso a información, arte y cultura, asociación y juego".
Una de las principales críticas radica en que la verificación de edad obligatoria convierte a Meta en el árbitro de quién puede acceder a internet, una decisión que constitucionalmente difícilmente podría imponerse mediante una ley sin violar la Primera Enmienda. Sin embargo, al presentarse como un "acuerdo extrajudicial", eluden ese control judicial y abren un complejo dilema legal sobre si estas decisiones empresariales voluntarias se convierten en "acción estatal" cuando involucran a fiscales generales.
Para Fight for the Future, el acuerdo "permite a Meta arrastrar a todos los demás hacia abajo, desde tiendas de aplicaciones hasta otras redes sociales". La organización advierte que la verificación de identidad en línea "expondrá a todos nosotros a que se recopile, hackee y filtre aún más información personal", y critica que Meta esté "descargando la carga en cualquier persona menos en sí misma, mientras aparenta cumplir ante el público y los legisladores".
Analistas del sector señalan que Meta ha buscado activamente esta regulación durante años, considerándola un "foso competitivo" que solo las empresas más grandes, con suficientes recursos técnicos y legales, pueden implementar. Este patrón ya se había observado en 2018, cuando la compañía apoyó la ley FOSTA contra la explotación sexual, lo que habría afectado desproporcionadamente a sus competidores más pequeños. Expertos en regulación tecnológica consultados afirman que el acuerdo establece un precedente preocupante: las grandes tecnológicas pueden autoregularse de manera que consoliden su dominio de mercado con el visto bueno de los fiscales estatales.
Otra consecuencia inquietante señalada por la EFF es que los datos recopilados bajo el acuerdo podrían ser utilizados por los estados para otros fines legales, incluyendo investigaciones sobre abortos o atención de afirmación de género, aumentando la exposición de los usuarios a filtraciones de datos y solicitudes gubernamentales.
El acuerdo entre Meta y los fiscales generales marca el cierre de uno de los litigios más mediáticos sobre protección de menores en redes sociales. Sin embargo, las preguntas sobre su constitucionalidad, su impacto en la privacidad y su efecto sobre la competencia en el sector permanecen abiertas. Mientras tanto, padres de familia, organizaciones de derechos civiles y competidores observan con cautela cómo se implementarán estas nuevas reglas en las próximas semanas, en un caso que podría sentar un precedente para futuras regulaciones de las grandes plataformas digitales.