Meta, la empresa matriz de Facebook e Instagram valorada en 1,36 billones de dólares, ha alcanzado un acuerdo histórico con un grupo de fiscales generales estatales de Estados Unidos para poner fin a una demanda colectiva que la acusaba de diseñar productos adictivos dirigidos a menores y de causar graves daños a su salud mental. El pacto, que contempla una compensación de hasta 17.000 millones de dólares (16.700 millones según Wired) y el compromiso de introducir cambios sustanciales en sus plataformas, representa la primera vez que la compañía se ve obligada a modificar aspectos clave de la experiencia de sus usuarios.
La demanda, presentada por California y otros 28 estados en un tribunal federal de Oakland, arrancó el pasado 22 de agosto con las declaraciones inaugurales de las partes y estaba previsto que se prolongara durante varias semanas con decenas de testigos. Sin embargo, apenas cuatro días después de iniciado el juicio, las partes alcanzaron un acuerdo que evitó la celebración completa del proceso.
En el corazón de la demanda estaba la acusación de que Meta habría diseñado deliberadamente funciones adictivas para captar a jóvenes usuarios, provocandoles problemas como ansiedad, depresión e incluso suicidios. Además, los estados denunciaban que la compañía recopilaba datos de menores de 13 años sin el consentimiento de sus padres, vulnerando leyes federales y estatales. Como parte del acuerdo, Meta niega cualquier responsabilidad.
El fiscal general de California, Rob Bonta, calificó el pacto como un logro sin precedentes: «Hemos conseguido un acuerdo que hará que las redes sociales sean menos peligrosas para nuestros hijos y marcará una diferencia significativa para los menores y sus familias». Entre las modificaciones acordadas destacan límites diarios de uso, el bloqueo de notificaciones durante el horario escolar, restricciones de acceso nocturno, la prohibición de filtros relacionados con cirugía plástica y la incorporación de una opción de feed cronológico para adolescentes.
El reparto de los 17.000 millones se realizará a lo largo de diez años y quedará sujeto a la aprobación judicial. California recibiría entre 1.500 y 2.100 millones de dólares, mientras que Colorado obtendría aproximadamente 615 millones. La jueza federal Yvonne González Rogers, según Wired, mostró su predisposición a aceptar el acuerdo, aunque pidió más tiempo para revisarlo.
Desde Meta, el director legal CJ Mahoney defendió el pacto pero insistió en que solo funcionará si el resto de la industria adopta medidas similares: «Los adolescentes se mueven con fluidez entre decenas de aplicaciones; necesitamos una solución sectorial. Por ello hacemos un llamado a TikTok, Snap y YouTube para que implementen este nuevo marco de inmediato». La postura refleja una estrategia defensiva que también se evidenció durante el juicio, cuando la compañía calificó las demandas como un intento de obtener «beneficios desorbitados».
Un elemento clave del proceso fue el testimonio del exempleado de Meta Arturo Béjar, ingeniero de seguridad convertido en denunciante, quien describió una estrategia interna de «no preguntes, no digas» sobre la protección de menores. Béjar aseguró que el consejero delegado Mark Zuckerberg conocía los riesgos de Instagram y Facebook, pero públicamente defendía la seguridad de las plataformas. Zuckerberg figuraba en la lista de testigos, aunque no llegó a declarar antes del acuerdo. También declaró brevemente Adam Mosseri, CEO de Instagram, quien esquivó las preguntas sobre las bajas tasas de uso de las funciones de seguridad argumentando que «no publicamos todas las estadísticas».
En el contexto más amplio, Meta acumula otros frentes judiciales. En marzo perdió un juicio en Nuevo México que le obligó a pagar cerca de 1.000 millones de dólares por permitir la explotación sexual infantil en sus plataformas, y junto a YouTube fue condenada a indemnizar con 6 millones a una joven en la primera demanda por adicción a redes sociales que llegó a juicio en EE.UU. Otros dos litigios previstos para este verano —uno federal y otro en un tribunal estatal de California— también se cerraron con acuerdos confidenciales. Miles de demandas similares siguen pendientes por parte de familias, distritos escolares y otros fiscales generales.
Expertos en protección infantil consultados por Wired valoraron positivamente los cambios anunciados, aunque advirtieron que el peso de la supervisión recaerá en gran medida en los padres y en sistemas de verificación de edad poco fiables. La cantidad acordada, aunque histórica, representa apenas una fracción de los más de 200.000 millones de dólares en ingresos que Meta obtuvo el año pasado, y los mercados reaccionaron con subidas en su cotización.
El desenlace del caso de Oakland marca un punto de inflexión en la regulación de las grandes tecnológicas: por primera vez, Meta acepta cambios operativos vinculantes en sus productos estrella en lugar de limitarse a sanciones económicas. Ahora, la eficacia real del acuerdo dependerá tanto de su implementación técnica como de la presión regulatoria sobre el resto de la industria para adoptar estándares equivalentes.