Los servicios de Inteligencia españoles —Guardia Civil, CNI, Cifas y Policía— coinciden en que la sentencia del Tribunal Supremo sobre las entradas irregulares a nado fue uno de los principales motivos de la crisis migratoria que vivió Ceuta los días 30 y 31 de julio, según el material desclasificado por el Gobierno. El fallo, publicado el 8 de julio, establecía que al no disponerse de elementos disuasorios en el agua, el acceso a nado escapaba de los requisitos de devolución «en caliente» previstos en la ley. El mismo día de la resolución, la Guardia Civil elaboró una nota interna en la que advertía del «efecto llamada» y proponía reforzar el servicio marítimo, el Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS) y los sistemas tecnológicos de vigilancia, además de impulsar una modificación legislativa para equiparar el tratamiento de las entradas por mar y por frontera terrestre. El CNI, en un informe del 30 de julio, señala que desde comienzos de ese mes la sentencia «incentivó» la entrada a nado y que los logros de los migrantes, difundidos en redes sociales, generaron un efecto llamada exponencial entre el 22 y el 27 de julio. El Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas (Cifas) califica la avalancha de «consecuencia directa» del fallo y advierte de una limitación decisiva de la acción de las fuerzas de seguridad. La Policía, por su parte, ya había alertado el 29 de julio de las posibles consecuencias del fallo, sumadas a la celebración del Día del Trono en Marruecos —con precedente en 2018— y a la información en redes sociales. La tesis del efecto llamada fue la explicación que los responsables del Ministerio del Interior recibieron de sus homólogos marroquíes en las primeras horas de la crisis.
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