La expansión de los centros de datos a gran escala en el Reino Unido y Estados Unidos ha intensificado el conflicto entre la industria tecnológica y las comunidades locales, que denuncian impactos ambientales y de calidad de vida. En Gales, un centro de datos de 46 acres en Newport ha provocado que los residentes cierren sus ventanas debido al ruido constante de los sistemas de refrigeración y generadores de diésel, afectando el sueño y la salud. A nivel nacional, los nuevos centros requerirán 73 GW de potencia, superando en 28 GW la demanda energética típica del invierno, lo que plantea desafíos para la red eléctrica. Aunque el gobierno laborista de Keir Starmer ha impulsado cinco zonas de crecimiento para la IA, grupos de oposición y residentes en ciudades como Londres y Virginia (EE. UU.) organizan protestas y piden moratorias. La industria, que estima que la inversión global alcanzará los 7 billones de dólares para 2030, argumenta que la infraestructura es esencial para la inteligencia artificial, mientras que los críticos la consideran una imposición de recursos que beneficia a grandes tecnológicas estadounidenses sin beneficios tangibles para la población local.
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