Las normas de la Ley de Inteligencia Artificial de la Unión Europea relativas a los modelos de IA, incluidos los grandes modelos de lenguaje, son aplicables desde este agosto. La Comisión Europea se convierte así en el regulador de IA más relevante del mundo, con capacidad para fijar estándares globales, según el llamado «efecto Bruselas». La normativa exige transparencia en el entrenamiento de los modelos, divulgación de los contenidos protegidos por derechos de autor utilizados e información suficiente para que los usuarios comprendan sus capacidades. Los modelos frontera, los más avanzados, deberán además identificar y mitigar riesgos sistémicos. Un código de práctica voluntario, respaldado por la Comisión y elaborado con expertos como Yoshua Bengio, fue firmado por la mayoría de laboratorios occidentales, con Meta como excepción notable. La Oficina Europea de IA, creada para supervisar el cumplimiento, cuenta con recursos limitados y compite con el sector privado por atraer talento, por lo que recurrirá a paneles científicos externos y firmas especializadas. La industria tecnológica advierte de que la regulación frenará la innovación, mientras que OpenAI asegura colaborar con la Comisión para cumplir la ley. Entre los retos figura la presión de la Administración estadounidense, contraria a las reglas digitales europeas que afectan a empresas americanas. Para los consumidores europeos, la aplicación podría traducirse en un retraso de semanas en el lanzamiento de algunos modelos avanzados en la UE, aunque a cambio ofrecerá mayores garantías de seguridad. La Comisión deberá decidir si prioriza riesgos existenciales o la protección de derechos fundamentales.
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