Entre una quinta y una tercera parte de los trabajadores del sector privado de 15 países de la OCDE están vinculados por una cláusula de no competencia, según la edición 2026 del OECD Employment Outlook, basada en encuestas a más de 30.000 trabajadores y 6.000 empresas. El porcentaje oscila entre el 7-18 % en Italia y el 29-41 % en Suecia, y ronda el 30 % en Canadá. Estas restricciones, pensadas originalmente para proteger secretos comerciales de ejecutivos e ingenieros, se han extendido a empleados con baja cualificación, jóvenes, trabajadores con contratos temporales y personas sin acceso a información confidencial.
El informe, elaborado por la OCDE junto a la Universidad Bocconi y la encuestadora Ipsos, señala que las cláusulas suelen ser más amplias de lo que la legislación nacional permitiría, durar más de un año, extenderse a todo el país y aplicarse sin compensación económica —cerca de la mitad de los afectados no recibe nada a cambio—. Aunque serían difícilmente ejecutables ante un juez, surten un efecto disuasorio: el 5 % de los empleados del sector privado afirma haber renunciado a cambiar de empleo y el 3 % a crear una empresa por esta razón. Los datos asocian su uso a menor movilidad laboral, salarios más bajos —sobre todo entre los menos cualificados— y una caída de productividad del 1,9 % por cada 10 puntos porcentuales de mayor prevalencia sectorial. Los autores recomiendan umbrales salariales, compensación obligatoria, límites de duración y mayor transparencia para frenar su expansión.