A partir del 18 de agosto, las fuerzas de seguridad de la UE podrán solicitar datos de usuarios a proveedores de servicios digitales de otros países miembros de forma mucho más rápida gracias al Reglamento E-Evidence (EEVO), una directiva complementaria y la ley alemana de transposición. Los proveedores deberán conservar los datos solicitados durante 60 días o entregarlos en un plazo de 10 días, reducible a 8 horas en casos urgentes, frente a los meses o años que duraban los procedimientos de asistencia jurídica tradicionales.
El nuevo marco permite a los investigadores solicitar directamente direcciones IP y datos de suscriptores (nombres y direcciones) al proveedor, incluso cuando la conducta investigada no sea delito en el país del proveedor, lo que afecta a figuras como la insultología o la incitación al odio definidas de forma desigual en la UE. Para datos más sensibles (correos, chats, archivos), se exigen delitos con pena máxima de al menos tres años, orden judicial y notificación al Estado del proveedor, que dispone de hasta cuatro días para vetar la entrega; en urgencias, los datos pueden llegar a los investigadores antes de esa decisión y, de llegar el veto posterior, deberán destruirse.
La normativa obliga a registrarse, nombrar un representante en la UE y estar localizable 24/7 a toda organización o persona que ofrezca cuentas de usuario, incluidos pequeños foros, hospedajes web, nubes y tiendas online; las estimaciones en Alemania oscilan entre 9.000 y 300.000 afectados. El Bundesamt für Justiz controla el cumplimiento, con multas de hasta 500.000 euros o el 2 % del volumen de negocio anual global. Expertos jurídicos, asociaciones del sector y European Digital Rights advierten de riesgo para derechos fundamentales y de posibles inconstitucionalidades, por lo que se prevén recursos ante el Tribunal Constitucional alemán y el TJUE.