El Reino Unido avanza hacia la prohibición del acceso a redes sociales para menores de 16 años, una medida que entrará en vigor en primavera de 2027 y que, según críticos y organizaciones de derechos digitales, generará más daños de los que pretende evitar. La norma, impulsada por el Gobierno y respaldada por un grupo de padres en duelo que perdieron a sus hijos por daños vinculados a las redes sociales, contempla la prohibición total de plataformas como Snapchat, TikTok, YouTube, Instagram, Facebook y X para los adolescentes británicos. Sin embargo, las dudas sobre su eficacia, sus implicaciones para la privacidad y su impacto en la educación crecen a medida que se conocen más detalles.
Según la Electronic Frontier Foundation (EFF), no existe actualmente un método fiable y respetuoso con la privacidad para verificar la edad de todos los usuarios de internet, y los sistemas variarán de una plataforma a otra. La organización advierte de que los jóvenes no solo quedarán protegidos del contacto con adultos o del uso excesivo, sino que también perderán acceso a vídeos educativos en YouTube, eventos locales en Facebook y la posibilidad de mantener contacto con amigos y familiares lejanos. La política pública, argumenta la EFF, debe ser eficaz, proporcionada y respetuosa con los derechos fundamentales, y esta medida "genera titulares, pero no resolverá el problema".
El recorrido legislativo revela una insistencia gubernamental en la verificación de edad. La propuesta actual se introdujo en marzo en el Children's Wellbeing and Schools Bill y contempla "medidas de verificación de edad altamente efectivas" para impedir que los menores de 16 años sean usuarios de "todos los servicios regulados entre usuarios". Cuando la propuesta llegó a la Cámara de los Comunes, los diputados la derrotaron y presentaron una enmienda aún más ambiciosa: permitir al Secretario de Estado introducir restricciones para menores de 18 años y obligar a los proveedores de servicios de internet a limitar el tiempo que los menores pasan en línea, además de regular quién puede contactarles. La EFF advierte de que estas normas extremas arrebatan a las familias las decisiones sobre el uso de la tecnología y las ponen en manos de reguladores gubernamentales.
La influencia del psicólogo social estadounidense Jonathan Haidt, autor del libro The Anxious Generation, ha sido determinante. Haidt se reunió en febrero con el Secretario de Salud británico para impulsar la prohibición, a pesar de las "significativas dudas científicas" sobre su investigación, según la EFF. El movimiento británico forma parte de una tendencia internacional: Australia ya ha aprobado una legislación similar y otros países debaten medidas análogas. La normativa británica, no obstante, va más allá al incluir a YouTube, donde la edad mínima actual es de 13 años, lo que implica un cambio cultural profundo, como ilustra el caso recogido por la BBC de escolares de 12 años que ya gestionan sus propios canales.
Un reportaje de la BBC recoge el testimonio de Isabella, una alumna de Preston que, preguntada sobre qué haría con las nueve horas de tiempo de pantalla acumuladas durante un fin de semana, respondió con ironía: "mirar la pared". El matemático y divulgador Tom Crawford, conocido como Tom Rocks Maths y con 250.000 suscriptores en YouTube, advirtió de que "YouTube es donde todos vamos a aprender, incluidos los adolescentes", subrayando el riesgo de que la medida afecte al acceso a contenido educativo legítimo. La BBC señala que, en la práctica, la prohibición podría obligar a millones de usuarios, adultos y menores, a compartir algún documento de identidad oficial con fecha de nacimiento para acceder a una amplia gama de plataformas.
Los defensores de la medida, entre ellos el grupo de padres en duelo, argumentan que es necesaria para proteger a los jóvenes de los daños documentados en redes sociales. Los detractores sostienen que la historia demuestra lo contrario: la Online Safety Act de 2023, pese a las promesas políticas de que resolvería todos los problemas de seguridad en línea, no ha logrado su objetivo y ha motivado una escalada regulatoria aún mayor. La EFF concluye que el Gobierno británico ha regresado repetidamente a la misma idea defectuosa de restringir el acceso mediante verificación de edad para todos, sin resolver los problemas fundamentales: la ausencia de un sistema privado y universal de verificación y la inevitable limitación del acceso a contenido legal y comunidades valiosas.
El futuro inmediato dependerá de cómo se regulen los aspectos logísticos de la prohibición y de la respuesta de los jóvenes, que, según reconocen los propios críticos, probablemente buscarán formas de eludir el control. Mientras el Gobierno presenta la medida como una forma de "devolver la infancia" a los menores, el debate sobre el equilibrio entre protección infantil, libertad de expresión y privacidad sigue abierto y marcará la relación de toda la sociedad con internet.