La Fiscalía General del Estado de España ha presentado este viernes una denuncia formal contra la filial de TikTok en el territorio nacional. La acción judicial, impulsada por la Fiscal de Sala de Criminalidad Informática, Elvira Tejada de la Fuente, busca investigar posibles delitos relacionados con la difusión de material de abuso sexual infantil (ASI) en la plataforma. En su escrito, la fiscal solicita a la autoridad judicial que abra una causa judicial para indagar en los hechos y, con carácter urgente e inmediato, ordene la retirada de los contenidos de abuso denunciados. Esta medida se produce tras la publicación de una investigación exhaustiva realizada por el medio Maldita.es, que ha documentado la existencia de miles de vídeos y perfiles activos en la red social que exponen material pedófilo sin filtros.
Según los datos recopilados por Maldita.es entre el 11 de septiembre y el 15 de octubre de este año, en un periodo de 35 días, los investigadores identificaron 231 perfiles que publicaron 1.183 contenidos de abuso sexual infantil explícito. Estos materiales acumulan 48 millones de visualizaciones. La investigación, que comenzó a publicarse el pasado lunes, reveló que, pese a la legislación vigente y a las políticas internas de la plataforma, el 59% de los perfiles seguían activos en el último día de análisis. Además, se documentó que la plataforma sirve como punto de partida para derivar a otras vías de compraventa de este material ilícito. Clara Jiménez Cruz, directora de Maldita.es, señaló que "no se puede ni comparar a TikTok con el resto de plataformas en lo que abuso sexual infantil se refiere", destacando que la mayoría de las cuentas que suben estos vídeos siguen operativas a pesar de las advertencias.
El contexto de la denuncia es particularmente grave debido a la naturaleza de los usuarios implicados. La investigación de Maldita.es determinó que de los más de 26.000 perfiles de pederastas potenciales identificados, al menos 7.700 hablan en español y muchos de ellos son ciudadanos españoles. Esto ha generado una fuerte reacción por parte de las autoridades y la sociedad civil. El Ministerio de Juventud e Infancia, a través de la ministra Sira Rego, ha recurrido a la Fiscalía y ha planteado la posibilidad de paralizar los servicios de la plataforma en España. El martes, el ministerio solicitó a la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) el bloqueo cautelar de la plataforma hasta que garantice que es un espacio seguro. Sin embargo, la AEPD emitió un comunicado aclarando que pedirá a TikTok que elimine los contenidos concretos y determinados que supongan un tratamiento ilícito de datos de menores, descartando la suspensión total de la actividad de la red social por el momento.
La denuncia formal ante la Fiscalía se enmarca en el incumplimiento de la Ley de Servicios Digitales, que obliga a las plataformas a limitar los riesgos para la infancia y actuar con prontitud para retirar o bloquear el acceso a contenidos de abuso sexual infantil. La Fiscalía ha recibido las pruebas de la investigación, incluyendo capturas de imágenes y vídeos, y ha designado a la Sala de Criminalidad Informática para la investigación de los posibles delitos. Mientras tanto, el impacto económico y publicitario de la crisis ha sido significativo. Este viernes, varios anunciantes han confirmado la retirada de sus campañas publicitarias en TikTok. Entre ellos se encuentran el Banco Santander, la empresa energética Moeve y El Corte Inglés. El Santander ha cancelado también toda actividad nueva en su cuenta, cuyo último vídeo fue publicado el jueves, dejando atrás una base de seguidores de 217.000. Ambas empresas han supeditado su vuelta a la plataforma a que TikTok les garantice que el contenido de abuso sexual infantil no tendrá cabida en la red social.
Por su parte, TikTok ha respondido a la situación con un comunicado en el que una portavoz indicó que, "tan pronto se publicaron estas afirmaciones, tomamos medidas para identificar y eliminar el contenido, y presentar informes al Centro Nacional de Niños Desaparecidos y Explotados (NCMEC) cuando ha correspondido". La empresa atribuye la dificultad a la adaptación continua de los actores malintencionados a sus tácticas, afirmando que trabaja "incansablemente" para mejorar sus "medidas de protección". No obstante, la percepción pública y la reacción institucional sugieren que las medidas de TikTok no han sido suficientes para detener la difusión de este material, lo que ha llevado a las autoridades a tomar medidas legales y administrativas de gran envergadura. La situación actual deja a la plataforma en un punto de inflexión, donde la presión judicial y la retirada de anunciantes clave podrían definir su futuro en el mercado español, mientras la Fiscalía continúa con sus diligencias para determinar a los responsables de la difusión de estos contenidos.