La Fiscalía Superior de Asturias ha abierto diligencias de investigación penal para determinar si la concesionaria Aucalsa ha podido cobrar legalmente el peaje completo de la autopista AP-66 (Huerna) durante los casi dos años en que la vía ha sufrido obras y restricciones. La denuncia la presentó el 3 de noviembre de 2025 Daniel Ripa, exdiputado regional de Podemos y portavoz de la Plataforma Ciudadana contra el Peaje del Huerna, pocas horas después de que el Tribunal Supremo condenara a Audasa por cobrar de forma ilegal el peaje de la AP-9 gallega durante sus obras, con reembolso e intereses para los usuarios.
La AP-66, que une Asturias con León, cobra 16,20 euros por trayecto completo, su tarifa más alta, pese a un gran desprendimiento en Lena en noviembre de 2024, obras continuas de renovación de túneles desde el verano de 2024 y un nuevo argayo en el túnel de El Negrón que cerró la autopista durante casi 12 horas a finales de agosto. El caso pasó de la Fiscalía General del Estado al Tribunal Supremo y luego a León, que en diciembre de 2025 declaró competente a Asturias; los fiscales han solicitado en dos ocasiones documentación adicional a Aucalsa.
En paralelo, la Dirección General de Consumo de Asturias ha propuesto una multa de 1,1 millones de euros a la concesionaria, mientras el Ministerio de Transportes defiende los descuentos de hasta el 60 % y los avisos que, según sostiene, han supuesto un ahorro superior a 132 millones de euros. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea examina también la legalidad de la prórroga de la concesión hasta 2050.