La Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de Estados Unidos ha abierto a consulta pública una propuesta para endurecer los requisitos de identificación de los usuarios de telefonía. El plan obligaría a las operadoras a recabar y conservar, como mínimo, nombre, dirección física, número de documento de identidad oficial y un número de teléfono alternativo de cada cliente nuevo o que renueve su servicio, antes de concederle acceso.
Aunque la medida se presenta como una herramienta para frenar las llamadas automáticas no deseadas (robocalls), organizaciones de defensa de la privacidad y grupos de apoyo a víctimas de violencia doméstica han expresado su rechazo. Advirtieron de que la exigencia eliminaría en la práctica la posibilidad de utilizar teléfonos de prepago anónimos —conocidos como burner phones—, que resultan esenciales para personas en situación de riesgo.
Belle Torek, especialista en seguridad tecnológica de la National Network to End Domestic Violence, señaló en un escrito ante la FCC que muchas de las conductas que la Comisión considera sospechosas son, para las supervivientes de violencia de pareja, prácticas de seguridad consolidadas y potencialmente salvadoras. La Kansas Coalition Against Sexual & Domestic Violence añadió que la implementación de las normas perjudicaría a víctimas de agresión sexual, violencia doméstica y acoso, al exigir la divulgación de datos que estas personas no siempre pueden facilitar, especialmente si carecen de documentación o están inscritas en programas de confidencialidad de domicilio.
El presidente de la FCC, Brendan Carr, defiende que reforzar los protocolos Conoce a Tu Cliente (KYC) disuadirá a los estafadores y facilitará su identificación. Carr acusó a algunas operadoras de no verificar adecuadamente a sus clientes y de permitir que actores maliciosos se infiltresen en las redes telefónicas estadounidenses.